El 20% de los españoles vive en la pobreza y sufre las diferencias de subsidios entre comunidades

En España aproximadamente un 20% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, marcado en el 50% de la renta media nacional. Uno de los recursos con los que cuentan estas familias es el Ingreso Mínimo de Inserción, gestionado por las comunidades autónomas. El sistema autonómico deja muchas de las competencias en cuanto a la lucha contra la pobreza en manos de las comunidades autónomas, lo que hace que este sueldo mínimo sea muy diferente en cuantía y condiciones según la región, dependiendo tanto del poder presupuestario como de la voluntad de los Gobiernos regionales.

¿Cómo se establece que una familia vive en la pobreza? Los parámetros están claros: un hogar vive en la pobreza si su renta anual es inferior al 50% de la media nacional y en la pobreza extrema si está por debajo del 25%. En 2000, la renta per cápita fue 2.685.150 pesetas, por lo que se considerarían pobres aquellas familias que sobreviven con unas 111.000 pesetas al mes y pobres extremas a las que sobreviven con 55.000. La pobreza así medida afecta al 20% de los españoles, más de dos millones de familias, unos 8,5 millones de personas. De ellos, un 4,5% viven en la pobreza extrema, cerca de 1,5 millones de españoles.

Dentro del sistema de protección social, las ayudas a las familias que viven en la miseria abarcan un espectro muy amplio que va desde cursos de formación o programas de adaptación social a una de las formas más concretas de ayuda: los Ingresos Mínimos de Inserción, un subsidio que ofrecen las comunidades y que a finales de los noventa recibían unos 70.000 hogares, cifra mucho menor que la de personas que viven en la pobreza, y que se explica primero por los requisitos exigidos para la concesión de estas ayudas -que obligan a seguir programas de reinserción- y porque es relativa la percepción de la pobreza por parte de estas familias que viven con ingresos por debajo del 50% de la renta media nacional.

Según un estudio elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) en mayo de este año sobre la exclusión social, sólo un 3,9% de los hogares se califican como pobres. Esta percepción está muy influida por el entorno, por lo que la pobreza se percibe más atenuada cuando es compartida por los próximos. Por ejemplo, el porcentaje de familias que se consideran pobres en Ceuta y Melilla (2,8%) y Extremadura (3,7%), con los mayores índices de pobreza en España, es inferior al de los que se sienten pobres en Baleares (4,7%), una de las comunidades con menos incidencia de pobreza.

Desde finales de los ochenta, los Gobiernos autonómicos son los únicos responsables del desarrollo de las rentas mínimas de inserción. El primero en establecerlas fue el de Cantabria, en 1989, y el último el balear, en 1995. La descentralización de esta prestación hace que tanto las cuantías como los criterios de concesión y duración de los mismos sean muy dispares. La capacidad presupuestaria de las regiones es decisiva a la hora de establecer las cuantías.

Esta situación, que fomenta la desigualdad de los más pobres entre las regiones ricas y las no tan ricas, ha sido denunciada en los informes sobre pobreza y exclusión social de diferentes organismos y ONG. El último en hacerse eco ha sido el CES. En su último estudio dice que 'el sistema de rentas mínimas sigue careciendo de coordinación suficiente y está generando desigualdades en función de su territorio de aplicación'. En sus conclusiones apunta una solución: 'Abordar una regularización de contenidos mínimos de los programas de renta mínima de inserción, cuya garantía debe abordarse mediante un compromiso financiero entre el Estado, las autonomías y las corporaciones locales'.

Las diferentes prestaciones presentan diferencias en sus cuantías de hasta el 26,5% en la renta base y de hasta el 42,5% en el máximo a percibir. Uno de los sistemas más generalizados de fijar estas rentas es el sueldo mínimo interprofesional (SMI), fijado este año en las 72.120 pesetas y que se convierte en el tope de la mayoría de las rentas. Para fijar el mínimo, otras comunidades se basan en las pensiones no contributivas, de 41.910 pesetas para este año. Todas ellas establecen unos incrementos por cada una de las unidades familiares a cargo del subsidiario.

Las comunidades con mejores prestaciones en cuanto a este ingreso para sobrevivir son País Vasco, Navarra y Baleares. Estas tres regiones tienen como base el 75% del SMI con un máximo del 125%. Sin embargo, junto con Madrid, ocupan los últimos lugares en cuanto a índices de pobreza.

Los menores subsidios son los de Canarias, con el menor salario base, y Valencia, con el menor subsidio máximo. El Gobierno canario tiene como objetivo para 2002 aumentarlos en un 16%.

En comparación con Europa, y según datos de 1996, en general los países anglosajones y del sur de Europa presentan la situación más desfavorable. España con su tasa del 20% de la población en la pobreza ocupa el quinto lugar junto con Irlanda. En cuanto al gasto de protección social, España supera con creces la media comunitaria de subsidio por desempleo, pero en cuanto a las rentas mínimas dedica un 0,2% del PIB frente al 0,4% de media de la UE.