Los viticultores piden que se aumente el control en la quema de vino ante el temor al fraude

Los viticultores españoles, por medio de las diferentes organizaciones agrarias y las cooperativas, han reclamado al Ministerio de Agricultura que se aumenten los controles sobre las industrias alcoholeras que se dedican a la destilación del vino excedentario que se retira del mercado con las ayudas comunitarias. En medios agrarios se sospecha que puede estar produciéndose algún tipo de fraude. La prueba del nueve que explica el fraude está en los escasos efectos que supone para los precios del mercado la retirada de ese producto excedentario.

Entre otras medidas que se plantean desde el sector viticultor están unas mayores inspecciones y la posibilidad de tener personal de la Administración de forma permanente en las plantas. Como medida más drástica se contempla igualmente la posibilidad de tintar ese vino excedentario con colorantes no perjudiciales para la salud para evitar que el vino entregado a una industria para su quema y destrucción pueda volver nuevamente al mercado de forma fraudulenta.

La campaña pasada, España entregó para su quema, con ayudas comunitarias, 10 millones de hectolitros de vino. A pesar de esa actuación, los precios en el mercado nacional siguieron por los suelos, con cifras por debajo de las 300 pesetas hectogrado, lo que suponía un precio para un litro de vino blanco en bodega de unas cuarenta pesetas.

Extrañeza

Los viticultores muestran su extrañeza no sólo por el comportamiento de los precios a la baja en el mercado español, sino por la situación existente en otros países comunitarios. España, a pesar de tener los precios del vino tan bajos, realizó el pasado año importaciones de vino, aún más baratas, desde Italia. Esta situación, en opinión del sector productor, tiene una explicación difícil si no hay por debajo un fraude en la destilación que permite operar a precios tan bajos.

Sobre el papel, el vino que se entrega para la destilación entra en una industria y se elimina mediante su transformación en alcohol. La posibilidad de fraude se limita a que ese vino que entra por una puerta para su quema salga nuevamente como vino por la puerta de atrás. La industria ha cobrado por ese vino el precio fijado por la UE, 414 pesetas hectogrado, lo que permitiría vender ese vino nuevamente en el mercado a precios muy bajos con beneficio. Esa circunstancia provocaría más excedentes, hundiendo las cotizaciones. La alcoholera puede obtener a partir de otros productos el alcohol necesario para justificar que se ha quemado el vino si no existen las inspecciones suficientes en ese mismo momento en la empresa.

Recelos

Los recelos sobre la existencia de este tipo de prácticas no son nuevos en el sector del vino en España, y, de hecho, las alcoholeras han sido objeto de inspecciones por este motivo. Antes del ingreso de España en la UE, el Ministerio de Agricultura ya se vio obligado a colocar inspectores de forma permanente en las plantas dedicadas a la destilación de esos vinos entregados a la intervención. Tambien se llegó en alguna ocasión a colorar ese vino para impedir que se pudiera comercializar en caso de existir fraude.

Hoy, ante los graves problemas de excedentes que hay en el sector vitivinícola, ha renacido la desconfianza y los viticultores reclaman nuevamente los máximos controles para impedir un posible fraude que perjudica los intereses de la producción.