El proceso del TSJ revela que la inspección se opuso en 1999 a concertar 13 colegios de élite y vinculados al Opus

El proceso judicial abierto por la federación de enseñanza Fete-UGT en contra de los 13 conciertos educativos con colegios de élite y vinculados al Opus autorizados por la Generalitat en 1999 revela, según toda la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que la polémica decisión estuvo precedida por seis meses de duro pulso entre los inspectores de Educación, cuyos informes 'desfavorables' desaconsejaban aprobar unas subvenciones que en conjunto ascienden a 2.100 millones de pesetas por año, y las empresas solicitantes.

La documentación aportada en junio de 2001 por la propia Consejería de Educación a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pone de manifiesto que en la decisión de autorización firmada finalmente por el consejero Manuel Tarancón el 27 de julio de 1999 -seis meses después de la gestión promovida en enero de ese año por su predecesor al frente de la consejería, el actual vicepresidente del Congreso Francisco Camps- pesaron más motivaciones de carácter externo al ámbito educativo que las estrictas necesidades sociales y pedagógicas que exigen la LOGSE y la LODE para aprobar subvenciones públicas a colegios privados.

Los 13 expedientes del proceso que se sigue en la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del TSJ documentan con profusión de detalle las posiciones divergentes que sostuvieron en la Comisión de Conciertos la Dirección General de Centros, los inspectores y los representantes de las patronales de la enseñanza privada, los representantes de los sindicatos y las federaciones de padres. Los informes de la inspección y del director de los Servicios Territoriales de Valencia exponen con claridad la existencia de serias dudas legales acerca de la conveniencia de autorizar unos conciertos con colegios que 'atienden a población escolar media y alta', están emplazados en zonas donde 'existen vacantes suficientes en los centros públicos' y 'no atienden a población escolar en condiciones socioeconómicas desfavorables'.

La empresa Fomento de Centros de Enseñanza titular de una red nacional de 36 centros vinculada al ideario del Opus, con la que se concertaron tres de los 13 conciertos recurridos en Valencia, alega en su defensa una particular interpretación de la LODE y sostiene que 'la Administración ha de asegurar que todos los centros privados concertados tengan acceso a las subvenciones destinadas a inversiones, en igualdad de condiciones que los centros docentes de titularidad pública'.

El 27 de agosto se publicó por fin en el Diari Oficial de la Generalitat la orden por la que se resolvían favorablemente las solicitudes de conciertos para el bienio 1999-2000 y 2000-2001 con los 13 colegios de élite, mayoritariamente del Opus Dei o vinculados a éste por su ideario, cursadas por los colegios Vilavella y Guadalaviar de Valencia, María de Icíar de Riba-roja, Santo Tomás de Aquino de La Cañada, El Vedat de Torrent, la academia García Broch, de Valencia, el Torrealedua y la Malvesía de Llombai; así como los centros Aitana de Elx, Altozano de Alicante, Alonai de Santa Pola, San Raimundo de Peñafort de Sant Vicent del Raspeig y La Purísima de Torrevieja.

Todos estos centros, a los que se les ha renovado el concierto, tienen un denominador común: 'No atienden a población escolar en condiciones socieoconómicas desfavorables', según consta en las respectivas actas de inspección preceptivas realizadas entre enero y febrero de 1999. En los centros vinculados al Opus -Vedat, Guadalaviar, Vilavella, Altozano y Aitana- se utiliza el criterio de atender por separado a niños y niñas, lo que incumple la voluntad integradora tipificada en ley orgánica estatal. En estos casos fue el propio director territorial, Pablo Antonio Crespo, quien subrayó que la segregación educativa en razón del sexo o la exclusión de alumnado masculino como ocurre en el Guadalaviar, era un argumento de peso para poner en tela de juicio la aprobación de las subvenciones, según quedó reflejado en el acta de la reunión de la Comisión Territorial de Conciertos Educativos del 12 de febrero de 1999.

En el resto de las solicitudes, los inspectores defienden 'la suficiencia de plazas públicas' existentes y manifiestan serias dudas respecto a la necesidad de subvencionar estos centros para garantizar la matrícula gratuita en la zona, que es la motivación prioritaria que rige las autorizaciones. Este principio es, precisamente, el que luego admitió la misma Administración cuando algunos padres empezaron a denunciar, al menos en dos casos -el Guadalaviar y El Vedat- que, pese a tener la obligación de ofrecer la matrícula gratuita, ésta ya se les había cobrado, o bien se les facturaba entre 50.000 y 75.000 pesetas en otros conceptos como actividades extraescolares o fundaciones. Ello obligó a la Dirección General de Centros a abrir sendos expedientes a ambos colegios para comprobar las denuncias, que se cerraron sin llegar al fondo de un asunto fuertemente generalizado entre los concertados.

El caso más llamativo fue el del María de Icíar de Riba-roja, en el que ese año se inauguró oficialmente el curso, donde se reveló un mes después del acto que la inspección de Trabajo había ordenado el embargo del concierto por adeudar a la Seguridad Social y a Hacienda más de cien millones. El escándalo obligó a la Administración a tomar medidas para reforzar los controles fiscales de los conciertos y retirarle la subvención un año después.