Los obispos exigieron en 1998 excluir a los profesores de religión de los convenios colectivos

Entre los compromisos arrancados al Gobierno del PP en 1998 por la Conferencia Episcopal Española se encuentra el de excluir a los profesores de religión de toda 'posibilidad de negociaciones de convenios colectivos', según la 'pro-memoria' redactada tras la reunión entre el obispo responsable de la negociación y el secretario general del Ministerio de Educación. En la misma reunión, el Ejecutivo comunicó a los prelados que sus exigencias sobre la asignatura alternativa a la religión no serían atendidas en ese momento por falta de apoyo de los nacionalistas catalanes.

Sin el apoyo de 'todos los socios' no habrá decreto, respondió en septiembre de 1998 el Ministerio de Educación a los obispos cuando la Conferencia Episcopal Española (CEE) insistió, por escrito, en cambiar el carácter de la asignatura alternativa a la religión en los colegios públicos. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se había comprometido al cambio, elevando el rango de la materia a impartir a los alumnos en el mismo horario que la clase de religión -algo más serio y exigente que 'el parchís', resumió el líder del PP en la campaña electoral anterior-, pero su intención tropezó con los resultados de las urnas y la realidad educativa.

Lo cierto es que, según la 'pro-memoria' que levantó acta de lo tratado aquel día, bajo el apartado de Nuevo decreto que regule la enseñanza de la religión, aparece la siguiente frase: 'El secretario general del MEC [Ministerio de Educación y Ciencia] afirma que no se ha producido compromiso de apoyo al proyecto de nuevo decreto de religión por parte de los socios de Convergencia. Necesitan la seguridad del respaldo de todos los socios para presentar el decreto'.

La firma de Rajoy

Las negociaciones para cambiar radicalmente el régimen laboral y económico de los profesores de religión -fijado por los diferentes Ejecutivos de UCD y del PSOE- se concretaron el 22 de septiembre de 1998 por el obispo Antonio Dorado, en aquella fecha presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis en la CEE [ahora lo es el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares], y el entonces secretario general de Educación, Eugenio Nasarre. Cuatro meses después, los ministros de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y de Educación, Mariano Rajoy [actual vicepresidente primero del Gobierno], rubricaban un acuerdo que cambiaba la relación laboral y económica de los docentes de catolicismo, a partir de entonces contratados y pagados por la Administración del Estado, aunque designados cada año por el obispo de cada diócesis. El acuerdo fijaba un plazo de cuatro años para la equiparación salarial de ese profesorado con los del resto del sistema educativo, además de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social.

La negociación no había sido fácil y ha dado pie a varias interpretaciones, según se consulte a una u otra parte de la mesa. Así, frente a la tesis de Educación de que era imprescindible 'proceder al encuadramiento de dicho profesorado en el régimen general de la Seguridad Social', numerosos prelados dijeron claramente que preferían que esos docentes siguieran como trabajadores por cuenta propia o autónomos, lo que, sin duda, hubiera evitado, argumentan ahora, muchos pleitos. En cambio, Educación se mantuvo firme, poniendo por testigo, a su vez, 'las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y otros tribunales a favor de los actuales profesores de religión de educación primaria tanto en sus aspectos retributivos como en los de la Seguridad Social'.

Un informe pedido por Educación para avalar sus posiciones ante el obispo Dorado -las cartas intercambiadas entre Nasarre y este prelado no dejan lugar a dudas-, señaló al respecto que era inviable otra opción que la de incluir a los docentes de religión en la Seguridad Social por 'exigencia del Estatuto de los Trabajadores' y por la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo respecto a que 'la relación jurídica que vincula a dicho personal docente es de carácter laboral'. Lo firmaba el secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, actual ministro de Trabajo. 'El mismo MEC será el empleador de todos esos profesores hasta que sean objeto de traspaso a las CC AA [comunidades autónomas] como es el caso de los trabajadores de religión del bachillerato', subraya la citada 'pro-memoria'

Es el punto cuatro de esa 'promemoria', en su letra E, el que especifica como 'compromiso del Ministerio de Educación', que en la redacción del nuevo convenio 'se deben buscar las fórmulas jurídicas necesarias [para] que, al ser un convenio en cumplimiento del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, no tenga lugar la posibilidad de negociaciones de convenios colectivos para este profesorado'.