Una tarea pendiente

La Comisión Europea presentó la semana pasada un informe sobre el estado de la innovación en los distintos países de la Unión, así como su comparación con otras potencias económicas y científicas como Estados Unidos y Japón. Europa, en su conjunto, se encuentra retrasada en todos los aspectos que relacionan el conocimiento con la innovación; es decir, la investigación en sentido amplio con su aplicación a problemas sociales, económicos o industriales.

La producción científica europea sigue siendo copiosa y de alta calidad, pero su traducción en patentes o productos está muy por debajo de lo que ocurre al otro lado del Atlántico; se trata de la famosa paradoja europea en la que resulta determinante la escasa participación del sector privado en las tareas de I+D, muy a la zaga del sector público en Europa y pujante en Estados Unidos y Japón. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Lisboa en la primavera de 2000 acordó convertir a la Unión Europea en el área más dinámica desde el punto de vista de la innovación y la investigación en el plazo de una década, un objetivo que no se alcanzará sólo con propósitos expresados solemnemente y que, a la vista del informe, no será fácil.

Pero sería un error considerar a Europa como un bloque homogéneo. En lo que a innovación e investigación se refiere, hay diferencias significativas entre los países que la componen, situándose algunos de ellos, como los países nórdicos y el Reino Unido, en posiciones comparables, y en algún caso, superiores a las de norteamericanos y japoneses. España, por su parte, ocupa uno de los últimos puestos. Hay razones históricas relacionadas con el atraso científico de nuestro país y la aversión al riesgo de nuestra clase empresarial, pero la ausencia de avances significativos que nos acerquen a la media europea responde a causas más cercanas.

Un indicador básico como es el esfuerzo que se hace en I+D en comparación con el PIB registró un avance considerable en España durante la década de los ochenta respecto a la situación precedente, hasta situarse en el 0,9%, todavía inferior a la mitad de lo que es normal en Europa. Pero con posterioridad se entró en una etapa de estancamiento que se prolonga hasta hoy, a pesar de las manifestaciones públicas de los gobernantes y de haber sobrevenido un ciclo de prosperidad económica sin precedentes, que ha coincidido, sobre todo, con el primer mandato del Gobierno del Partido Popular.

Más preocupante todavía que el escaso monto total de los recursos dedicados a I+D es su composición interna. La participación del sector privado, que es a la postre el que transforma conocimientos en productos y servicios, es mucho menor que la del sector público, acentuándose así en España uno de los rasgos más negativos del panorama europeo. Justamente, este indicador, junto con la escasa incidencia de capital-riesgo en proyectos tecnológicos o de base científica, y el reducido número de patentes registradas y utilizadas son los factores que más parecen contribuir a la brecha que hoy nos separa aún del estándar europeo.

El desarrollo registrado en nuestro país por las tecnologías de la información y la comunicación y la amplia base existente de titulados superiores en áreas científicas y técnicas hacen que sea realista afrontar una tarea pendiente desde hace tiempo y que es crucial para nuestro futuro económico y social. Pero, si nuestros dirigentes políticos y sociales no toman la iniciativa, esa tarea seguirá posponiéndose o cumpliéndose sólo a medias. Sobre ellos recae la responsabilidad de diseñar una estrategia de esfuerzo sostenido en todas las áreas relacionadas con la generación, transmisión y aplicación del conocimiento, para superar así un retraso que, de otra manera, pagaremos cada vez más caro.