La hora del concurso

Los procedimientos de quiebra y suspensión de pagos, previstos por la legislación para aquellas empresas con dificultades de liquidez, pueden desaparecer en breve. El Gobierno tiene ya un anteproyecto de ley que los unifica en un solo proceso -el concurso de acreedores- que quiere enviar al Congreso antes de Navidades. La tramitación será larga y complicada.

'Cuando empecé a trabajar ya me decían que no estudiara mucho estas cuestiones porque todo iba a cambiar'. La anécdota es de un abogado que lleva 21 años lidiando con quiebras y suspensiones de pagos, unos procesos que hoy están dispersos en varias normas, algunas de ellas del siglo pasado y la más moderna de 1922.

Sintel es un ejemplo fresco, pero hay muchas empresas mal gestionadas que acaban en los juzgados por la situación de sus cuentas y se arrastran por ellos durante meses, incluso años, con la esperanza de salir a flote o simplemente de repartir lo que queda entre los acreedores. En los primeros ocho meses del año se han declarado 155 suspensiones de pagos y se han instado 339 quiebras -'el pleito por excelencia'-, según la estadística del colegio de registradores.

La base del cambio se resume en un solo concepto: la insolvencia, la incapacidad de una entidad para hacer frente a sus pagos. Da igual que sea una empresa u otra entidad. Que las deudas superen el patrimonio de la empresa -quiebra- o que tan sólo lo pongan en peligro -suspensión-. El anteproyecto de ley no distingue estas situaciones, como sí hace la legislación vigente, y sólo diferencia entre concurso necesario y voluntario. El primero lo solicitan los acreedores, que deben probar la situación de la empresa, y en el segundo la iniciativa es del deudor.

La intención del Gobierno es llevar estas cuestiones siempre por el mismo camino procesal, menos farragoso y más rápido, y que sean unos juzgados específicos, los mercantiles aún por crear, quienes lidien con todos los asuntos relacionados con la empresa afectada. El texto, de 231 artículos, no distingue situaciones específicas para las grandes corporaciones, algo que echan en falta algunos expertos.

Cuando la ley entre en vigor, como pronto el año que viene, todas las empresas en dificultades se someterán a la misma fase común, en la que se establecerá su situación real, con dos posibles destinos, siempre tutelados por el juzgado: un convenio o la liquidación. Además se diluyen los privilegios que hoy tienen algunos acreedores a la hora de cobrar.

El anteproyecto otorga mucho poder a los nuevos jueces, ya que éstos no sólo se encargarán de los aspectos mercantiles, sino de todos los asuntos que afecten al patrimonio de la empresa. En este sentido pueden incluso decidir el cierre de una oficina o el fin de algunos contratos laborales.

Éste puede ser uno de los escollos a superar durante la tramitación del texto, que forma parte del pacto sobre la justicia alcanzado entre el Gobierno, el Partido Popular y el PSOE. CC OO ya ha hecho alegaciones.

Puede haber más resistencias. La intervención judicial de una empresa en dificultades, que hoy recae casi siempre en auditores, economistas y otros profesionales de confianza de los juzgados, tendrá a partir de ahora estructura colegiada. 'Ese colectivo está que arde', asegura un abogado.

El proyecto lucha además contra la historia. No sólo está pendiente desde la anterior legislatura, sino que tuvo antecedentes en etapas anteriores. En lo que coinciden los consultados es en su necesidad. 'Cuando una empresa entra en suspensión de pagos lo que quiere es que el procedimiento vaya lo más rápido posible', subraya Javier Castrodeza, del despacho Cuatrecasas. Sintel declaró la suspensión en junio de 2000 y tardó más de un año en darse cuenta de que no podía evitar la quiebra. Algunas empresas tardan hoy mucho más en enumerar sus deudas, elaborar un plan para acabar con ellas y someter éste a sus acreedores.