La depuración pendiente

La doble investigación, judicial y parlamentaria, del caso Gescartera ha destapado una gran parte de lo que se debe saber. 'Dejemos trabajar a los jueces' o 'dejemos que la comisión parlamentaria investigue' son dos frases que siguen siendo válidas. Y, sin duda, seguirán trabajando. Pero, ahora, la pregunta es: ¿hacia dónde apuntan los testimonios y pruebas?, ¿cómo fue posible que se pudiera consumar una estafa de 18.000 millones de pesetas con 2.000 ahorradores afectados?, ¿existen responsabilidades políticas?

Más allá de los matices, los servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvieron la capacidad para detectar en los primeros meses de 1999 ciertas irregularidades en la gestión de Gescartera. El presidente de la CNMV convocó el 16 de abril de dicho año una reunión del consejo para analizar la situación. Los consejeros de la CNMV recibieron en esa reunión un informe en el que se describían las actuaciones irregulares y la desaparición, al menos parcial, de dinero de los ahorradores. Sin embargo, el consejo llegó al acuerdo unánime de que Gescartera siguiera adelante, de no provocar hechos traumáticos. Adoptó algunas medidas que, presuntamente, debían limitar su actuación. Podía haber intervenido la entidad, ya que existían sospechas fundadas y pruebas de una gestión irregular. Ni siquiera se hubiera tratado de una intervención preventiva. Ya faltaba dinero, unos 4.500 millones, en una de las cuentas bancarias.

'Como la resistencia de los gestores bloqueaba la inspección, se optó por cambiar de caballo'

'Si hay algo pendiente es lo que Rato llama 'depuración': la asunción de responsabilidades'

Bien. Uno, que piensa de buena fe, deja a un lado la crónica de la conspiración escrita por Pilar Giménez-Reyna, y se dice lo siguiente: no se han atrevido a intervenir el 16 de abril porque quizá querían estar más seguros. Pero a continuación, la CNMV decidió cambiar al equipo de inspección que había realizado la primera anatomía de Gescartera. La razón, según se ha explicado en el Congreso, es que los gestores de dicha sociedad rechazaban a los inspectores. No querían que aquellos que les habían puesto al descubierto siguieran investigando. Hicieron una campaña en la cual la propia CNMV hizo de caja de resonancia. Les tachaban de excesivamente duros y exigentes. Y como la resistencia de los gestores bloqueaba la inspección, se razonó que era mejor cambiar de caballo.

Ganar tiempo y engañar

Esta historia, a saber, la de que los gestores de una sociedad inspeccionada intenten cambiar al equipo de inspección que casi ha llegado hasta sus tripas fue muy conocida en la crisis bancaria de los años setenta y ochenta en España. Los gestores buscaban dos cosas: ganar tiempo y engañar, o al menos intentarlo, a los nuevos. La CNMV, pues, sustituyó por otros inspectores a aquellos que habían seguido la pista del primer agujero en Gescartera.

Ahora, por arte de magia, la situación descubierta por los anteriores responsables de la inspección de Gescartera se evaporó. La nueva inspección consideró que la sociedad evolucionaba a mejor. Se decidió sancionar por una falta grave a Gescartera a raíz de las irregularidades cometidas y, al mismo tiempo, en julio de 2000 se la elevó de rango, a agencia de valores, con el argumento de que en su capital entraría la Fundación ONCE, lo que suponía una garantía de fortaleza patrimonial. Los máximos ejecutivos responsables de los desaguisados conocidos en 1999 debían ser separados de la gestión. Eso cuando se inscribiera la nueva sociedad.

Los gestores de la sociedad, pues, habían conseguido las dos cosas que querían: ganar tiempo y enredar a los nuevos inspectores. Los supervisores creían haber conseguido también lo que deseaban: quitarse de encima a los ejecutivos con las presuntas garantías de la ONCE. Pero mientras se hacían los largos trámites para la conversión en agencia de valores, seguían al frente de Gescartera los mismos ejecutivos. El robo seguía adelante y, si cabe, con mayor velocidad.

Juan Fernández-Armesto dejó la presidencia de la CNMV en octubre de 2000 y fue sustituido por Pilar Valiente, hasta entonces miembro del consejo de dicha comisión. En julio de 2001, el consejo de la CNMV decidió intervenir Gescartera con dos años de retraso. En ese lapso, el vaciamiento de Gescartera pasó de 4.500 millones, en abril de 1999, a 18.000 millones.

La comisión de investigación del Congreso dilucidará, en el curso de su investigación, quién dice la verdad y quién miente sobre cada etapa de las actuaciones de la CNMV. Pero es un hecho probado que los servicios de inspección habían detectado un cúmulo de irregularidades que planteaba la posibilidad de una intervención.

La experiencia de los años de crisis bancaria y los más recientes de escándalos financieros y políticos en España ha sido muy ventilada política y judicialmente. Sin embargo, el caso Gescartera demuestra que la lección fundamental de la mayoría de esos casos todavía está sin aprender. A saber: el deterioro absoluto de los comportamientos profesionales; en banca como en política, en el negocio de las auditorías como en el de las empresas de valoraciones, en el mercado de valores como en la Administración. La pérdida de la disciplina capitalista en ciertos casos ha sido, pues, espectacular.

La juez Teresa Palacios, el teniente fiscal Luis López Sánz y las acusaciones están abocados a desenredar el ovillo de Gescartera en el terreno penal, en el cual también pueden considerarse las conexiones entre miembros de la CNMV, el ex secretario de Estado de Hacienda y la citada sociedad. La comisión parlamentaria está siguiendo el camino de las comparecencias. Pero hay una cosa que debería debatirse: ¿Existe una muralla china entre los comportamientos profesionales y la responsabilidad política?

La CNMV dependía del Ministerio de Economía y Hacienda cuando su titular era Rodrigo Rato. Con la reestructuración ministerial del verano de 2000, la CNMV pasó a depender del Ministerio de Economía, a cuyo frente está Rato. Fue él quien propuso formalmente al Consejo de Ministros, en 1996, el nombre de Fernández-Armesto para presidir la CNMV y el de Ramallo para ser vicepresidente. En el origen de ambos nombramientos contaba Rato, por razones diferentes, con el apoyo del presidente del Gobierno, José María Aznar. Más tarde, Rato nombró a Pilar Valiente y a José María Roldán, ex jefe de su gabinete, para incorporarse al consejo de la Comisión.

Y el origen de las cosas no es un pequeño matiz. Vamos a ver. En el verano de 2000, el Gobierno ajustó cuentas con el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, a raíz del célebre asunto de las opciones (stock options). El instrumento de esa vendetta fue la CNMV. Tanto Luis Ramallo como Pilar Valiente actuaron entonces como los representantes del Gobierno dentro de la CNMV. Lo que era una guerra contra Villalonga, utilizando su impresentable inversión en opciones de la propia compañía bajo cuerda, terminó en un feroz enfrentamiento contra el presidente de la CNMV, por resistirse a ser correa de transmisión gubernamental. Finalmente, el Gobierno se llevó por delante también a Fernández-Armesto: no le renovó el mandato. El poder de la CNMV cayó como una pera madura. Había alguien preparado para recogerlo: Pilar Valiente.

Responsabilidades políticas

Aun si uno hiciera abstracción de las conexiones más que probadas entre Pilar Valiente, Luis Ramallo y Enrique Giménez-Reyna con el clan de Gescartera, aun aparcando los indicios más serios sobre la oposición de Valiente y Ramallo a la intervención de Gescartera, esta investigación ya ha cruzado el Rubicón hacia el tema de las responsabilidades políticas y profesionales. Y estas competen al departamento bajo cuya dependencia actúa la CNMV: el Ministerio de Economía. Fue este departamento el que, conducido por los profesionales y políticos que puso al frente de la CNMV, aprobó, como era preceptivo, la conversión de Gescartera en agencia de valores. Si la decisión de la CNMV de hacer la verónica en abril de 1999 proporcionó a los gestores un año más para conspirar, el acuerdo de elevarla a sociedad de valores permitió un año adicional para consumar el gran saqueo.

Los socialistas le dicen a los populares que deben ser coherentes con la orientación que llevaban en los tiempos en que eran oposición, aun cuando ella podía no ser la correcta. Los populares replican como suelen decir los italianos: miren de qué púlpito viene la prédica.

Ni lo uno, ni lo otro.

Nadie debería renunciar a su puesto por una responsabilidad que no le compete. El problema en el caso Gescartera es que asumir la responsabilidad política y profesional es el punto de partida para comenzar a restituir la confianza y para combatir la noción de que ya no puedes confiar en nadie. Juan Fernández-Armesto cumplió su mandato; Luis Ramallo, llegó hasta el final de sus cuatro años. Y Pilar Valiente fue fulminada por el diario de Pilar Giménez-Reyna. Nunca tan pocas páginas han tenido semejante efecto.

Si hay algo pendiente en esta tragicomedia es lo que Rato llama una 'depuración'. Esto es: la asunción de responsabilidades políticas y profesionales. Es como las meigas: haberlas, haylas. Nadie mejor que Rodrigo Rato sabe que es a él a quien toca asumirlas.