Agujero televisivo

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció en agosto pasado que un 'objetivo básico' del Gobierno respecto a Radiotelevisión Española (RTVE) era acabar con su déficit presupuestario en 2002 y evitar que la ingente deuda pública que arrastra se incrementara más. Las asignaciones a RTVE fijadas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2002 desmienten los buenos propósitos del vicepresidente. El presupuesto de RTVE seguirá siendo deficitario y la deuda estatal aumentará. Pese a que la financiación pública desciende levemente, la deuda se incrementará en unos 100.000 millones, hasta alcanzar la astronómica cifra de 5.409 millones de euros (900.000 millones de pesetas), más del triple de la que se encontró el Partido Popular cuando llegó al poder, en 1996.

Ésa es la situación en que se encuentra RTVE y que subraya su condición de pozo sin fondo de los caudales públicos. Para complicar más las cosas, el plan de viabilidad elaborado en junio pasado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo al que desde el año pasado está adscrito el ente público audiovisual, ha sido frenado por el Gobierno para su reelaboración por grupos de trabajo mixtos de RTVE y la SEPI.

Es cierto que el plan de viabilidad habría exigido definir previamente el modelo de radio y televisión pública que se quiere para el futuro, lo que, a su vez, habría hecho inevitable un debate en el Parlamento, algo que seguramente el Gobierno no desea. Pero el plan que la SEPI presentó en junio al Gobierno tiene al menos la virtud de aclarar las futuras vías de financiación de las dos cadenas de la televisión pública -La 2, fiel al concepto de servicio público, con cargo a los Presupuestos, y la Primera, puramente comercial, financiada vía mercado- y de poner fin a su gigantesco endeudamiento, endosando su pago al Estado durante un periodo de 15 años. A falta de una definición previa del modelo de televisión, el plan no predetermina nada sobre posibles privatizaciones -de la Primera, sobre todo- o sobre la vuelta a las subvenciones una vez puesto el marcador a cero.

Es lógico que, dada la indefinición sobre el modelo televisivo, las sospechas sobre una futura privatización de la Primera se acrecienten, a pesar de que el Gobierno lo niegue. Una televisión pública se define por su carácter de servicio y por su exclusiva financiación estatal. Ambos requisitos son expresamente soslayados en el esquema de funcionamiento empresarial de la Primera pergeñado por la SEPI. Su carácter público sería, en definitiva, una cuestión de nombre, de denominación jurídica, una mera ficción. Ya sucede ahora, pues no parece que los contenidos de esta cadena, en dura competencia con las privadas por la audiencia y la publicidad, con programas a menudo superiores en zafiedad, respondan mínimamente a criterios de servicio público.

En estas condiciones, la carga ideológica que suele acompañar a los debates sobre lo público y privado no tiene sentido. Quizá por ello, el dirigente socialista catalán Pasqual Maragall se ha atrevido a pedir la privatización de la Primera, arriesgándose a que CiU tilde su propuesta de 'cutre', y Gaspar Llamazares, coordinador de IU, de 'alucinante'. Pero este último no debía referirse a la Primera de Televisión Española al replicar a Maragall que el partido socialista y el conjunto de la izquierda coinciden en que es posible una televisión pública que ofrezca un servicio de buena calidad.