Trabajo incrementa las sanciones a empresas por emplear a 'sin papeles'

La Inspección de Trabajo ha impuesto durante los siete primeros meses de este año 497 millones de pesetas en multas a empresas valencianas por emplear a inmigrantes sin papeles. El valor de estas multas representa un 130% más de lo sancionado durante todo el año 2000, que alcanzó los 216 millones, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo. El PSPV y UGT apuntan como causa del incremento de las multas 'el retraso' en la tramitación de los expedientes de regularización de los inmigrantes, y acusan al Gobierno de privarles de sus derechos.

'La lentitud en la tramitación de los expedientes de regulación no justifica el empleo masivo de inmigrantes indocumentados' por parte del empresariado valenciano, señala el delegado de inmigración de la comisión ejecutiva local del PSPV en Alicante, Andreu Miralles. Sin embargo, añade, es 'comprensible' que los empresarios echen mano de este colectivo ante el déficit de trabajadores en todos los sectores.

Si bien la Ley de Extranjería, en vigor desde el pasado mes de enero, castiga con mayor dureza la contratación de mano irregular, los datos constantan que el nuevo texto legal no ha disuadido a la patronal de continuar con el empleo de extranjeros indocumentados. Sólo en el primer trimestre de este año, se impusieron multas por valor superior al de todo el año pasado.

El sindicto UGT y el PSPV reclaman a la Administración central que acelere la tramitación de los expedientes de regulación [hasta 55.000 solicitudes se acumulan en la Delegación de Gobierno de la Comunidad a la espera de ser resueltos], y permitir que este colectivo acceda al mercado laboral en las mismas condiciones que los nacionales.

Tras inspeccionar 1.593 empresas de la Comunidad Valenciana, entre enero y julio de este año, Trabajo ha girado 497 millones de pesetas en multas a empresarios por emplear a extranjeros indocumentados, frente a los 216 millones del pasado año.

Durante las actuaciones realizadas, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social localizó a 605 extranjeros que trabajaban sin poseer los papeles en regla, una cifra nada desdeñable si se compara con los irregulares localizados en todo el año 2000, que apenas sobrepasaron los 400. Las organizaciones agrarias, por su parte, sostienen que la actividad inspectora todavía no ha llegado 'de forma intensiva' al campo valenciano. 'De haber sido así, el número de extranjeros detectados en condición irregular hubiera sido sustancialmente superior', apunta José Castro, delegado de la Unió de Llauradors en Alicante. Esta manifestación adquiere mayor consistencia si se atiende a las circunstancias actuales del campo que, según fuentes de la Unió, arrastra un déficit de 15.000 jornaleros.

José Castro afirmó que el 50% de los indocumentados que accedieron este año a la regulación mediante una oferta de empleo en el campo abandonó su trabajo para marcharse a otros sectores productivos Los datos recabados hasta julio de este año apuntan, por tanto, a que el número de infracciones por el empleo de sin papeles será sensiblemente superior a las detectadas en 2000.

El PSPV considera 'como medida prioritaria' agilizar la resolución de los expedientes de regulación de los indocumentados. De esta forma, se desmontaría el principal argumento de los empresarios para la contratación de sin papeles: la falta de mano de obra. Acto seguido, la segunda iniciativa para atajar la economía clandestina, en opinión del Partido Socialista, es incrementar la plantilla de inspectores.

Pese al endurecimiento de las multas, 'los beneficios siguen siendo superiores a los costes', lamentaró Andreu Miralles. Según fuentes del ministerio de Trabajo, ayer concluyó la segunda campaña especial iniciada por la Inspección para combatir la economía sumergida en aquellos sectores donde se detecta mayor número de infracciones -como son la hostelería, la construcción y la agricultura- y en las zonas geográficas más afectadas, entre las que se encuentran las provincias de Valencia y Alicante. El órgano inspector centró este verano su actuación en estas dos provincias -1.050 visitas en Valencia y 740 en Alicante-, después de que una campaña llevada a cabo por Trabajo entre febrero y marzo revelara que son, junto con las Palmas de Gran Canaria, las zonas con mayor número de extranjeros empleados en situación irregular.