Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

El otro matrimonio

El matrimonio entre homosexuales tendrá que esperar en España, mientras que en otros países de Europa -Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania y Francia- ese 'modelo familiar' distinto del tradicional ha conseguido encontrar acomodo mediante fórmulas que tienden a su equiparación efectiva con el matrimonio entre heterosexuales. El Partido Popular, con el apoyo de CiU, ha bloqueado en el Congreso el primer intento directo de reforma del Código Civil para permitir que las parejas de hecho entre homosexuales puedan serlo también de derecho. Diversos grupos de oposición pretendían debatir la procedencia de sustituir las referencias a 'hombre y mujer' o a 'marido y mujer' en los artículos que regulan el matrimonio por los términos más genéricos de 'cualquier persona' y 'cónyuges'.

No puede achacarse al PP contradicción alguna con su posición en la materia. Es menos comprensible la actitud de CiU, que en Cataluña ha aceptado una ley que llega incluso a reconocer 'una unión estable homosexual', generadora de derechos de herencia y de pensión, pero que en las Cortes Generales se aviene al milímetro a los criterios del partido gobernante. En las cuestiones relativas a la moral y las costumbres, el PP parece estar más pendiente de los obispos que de acompasar su actuación a la imagen de centro reformista que pretende imprimir a su política general.

El Partido Popular no sólo bloquea el camino hacia el reconocimiento del matrimonio entre homosexuales, sino que se resiste a otorgar un específico amparo legal a las parejas de hecho, sean homo o heterosexuales. Su aportación en este terreno se limita a una denominada 'ley de uniones civiles' que elude el fondo del problema -la relación sentimental de la pareja- y que pretende simplemente reconocer determinados derechos, sobre todo económicos, a las uniones convivenciales; es decir, las que se producen bajo un mismo techo.

La resistencia del PP a acercar el derecho a una realidad social que, por otra parte, no puede dejar de afectar a su base sociológica y electoral tiene consecuencias cada vez más graves. De un lado, mantiene una situación de injusticia en una franja que engloba a unas 150.000 parejas heterosexuales y a más de 100.000 homosexuales. De otro, está dando lugar a que se manifiesten en sus propias filas distintas y contradictorias percepciones sobre el hecho homosexual y su tratamiento legal. El diputado popular y alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, eludió votar en el Congreso para no ir en contra de sus posiciones públicas. También la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, ha aprobado una ley de parejas de hecho que se desmarca del confuso criterio del partido gobernante en el Parlamento.

Así, proliferan las legislaciones autonómicas que buscan dar una salida satisfactoria al problema en su territorio. De esta indeseable dispersión en una materia necesitada de la mayor seguridad jurídica es responsable un Gobierno que, tras cinco años largos de poder, sigue sin considerar prioritario acabar con cualquier rastro de discriminación entre los ciudadanos en razón de su orientación sexual.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 30 de septiembre de 2001