Una responsabilidad plural

En la extensa y variada regulación legal de la protección de los menores, tanto en el ámbito internacional como en el estatal y el autonómico, se parte del principio fundamental del superior interés del niño, de su intervención directa en cualquier procedimiento que le afecte y de la necesidad de asegurarle la protección y cuidado necesarios en atención a su edad. La realidad estrictamente jurídica de los llamados niños de la calle es que se encuentran en situación objetiva de desamparo y ante dicha situación y por mandato legal, no cabe más que ejercer su tutela y proporcionarles las atenciones que requieran.

Está claramente definido cual es el circuito que debe seguirse: localizado un menor en situación de desamparo, debe de ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal que comunicará su situación a los servicios competentes de protección de Menores, dependientes de la Conselleria de Justicia quienes deberán tutelarlo y elaborar un informe para que, si aquél interés superior del menor así lo aconseja, la administración del estado resuelva el retorno a su país de origen o, en otro caso, se inicien los trámites necesarios para que obtenga el permiso de residencia, proporcionándole en el ínterin las atenciones que requiera.

¿Cómo puede haber entonces tantos niños en la calle? La única respuesta posible es que hay una dejación de obligaciones legales por parte de todas de las administraciones competentes. Afirmaciones hechas desde la Generalitat de que los niños de la calle no son nuestros niños son, amén de peligrosas, absolutamente carentes de fundamento legal y a su vez, reveladoras de la política que se está llevando a cabo.

Por la autoridad gubernativa se han producido retornos masivos de menores a los que sus familias habían supuestamente reclamado para ser internados en centros de su país de origen 'a la espera' de que alguien acuda a buscarlos. Hay niños que han alcanzado aquí la mayoría de edad sin ni siquiera ser tutelados. Detrás de todos ellos hay una historia llena de abandono y desesperanza además de graves incumplimientos de la legislación vigente.

Mireia Montesinos es abogada y miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.