La justicia no ha entrado nunca en el fondo del asunto
Por extraño que parezca, los jueces no han entrado nunca en el fondo del asunto de la línea de Les Gavarres. Lo harán a partir del lunes, cuando se inicie la tramitación de los recursos presentados ayer por el Ayuntamiento de Llagostera y la Generalitat, que serán resueltos por la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La explicación de porqué la justicia no ha entrado nunca en el fondo del asunto no es otra que por un defecto de forma, algo que siempre ha de tenerse en cuenta cuando se acude a los tribunales.
En 1997 el Ayuntamiento de Llagostera abrió expediente sancionador por la construcción de la línea de alta tensión. El expediente concluyó el 30 de junio de 1999 con una resolución en la que se acordaba el derribo del trazado eléctrico. Fecsa-Enher recurrió a los tribunales ese acuerdo municipal, pero lo hizo fuera de plazo. Sólo por un día, pero fuera de plazo. La compañía eléctrica tenía seis meses para acudir a la justicia y presentó el recurso el 3 de marzo de 2000, cuando el plazo se le había acabado el 2. Por eso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Girona no admitió el recuso y no hubo de pronunciarse sobre los argumentos de unos y otros.
Petición de nulidad
Fecsa-Enher acudió entonces a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. El pasado 21 de junio este tribunal ratificó el rechazo al recurso de la compañía eléctrica por los mismos motivos, con lo que tampoco entró en el fondo de la cuestión. Exprimiendo la última vía legal, Fecsa promovió entonces un incidente de nulidad ante el TSJC, una iniciativa que raramente prospera pero que era la última posibilidad de anular la decisión municipal. Ayer, el TSJC resolvió que rechazaba el incidente de nulidad. El alcalde de Llagostera, Lluís Postigo, recordó entonces que ya no quedaba ninguna duda sobre la firmeza de la decisión municipal y el Departamento de Industria se apresuró a explicar que la decisión del TSJC no afectaba para nada a la validez del decreto del Gobierno catalán del pasado martes ordenando que sigan las obras.
Ahora, para derribar el trazado, el Ayuntamiento debe pedir la ejecución de sentencia, algo que ya ha hecho y que puede tardar dos o tres meses en resolverse. Mientras tanto, los trabajos continúan y es casi seguro que cuando el TSJC se pronuncie el trazado ya esté acabado. Lo que no significará que deba perdurar, porque si el Ayuntamiento se mantiene en sus posturas y los tribunales le dan la razón, el tendido puede derribarse. Aunque sea dentro de varios años.
