Valiente no lo aclara

La comparecencia de la ex presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Pilar Valiente ante la comisión del Congreso que investiga el caso Gescartera ha espesado todavía más las sospechas de que los responsables del organismo regulador actuaron al menos con irresponsabilidad y en contra de los principios de cautela y defensa de los intereses de los inversores. Si el miércoles el ex director del área de supervisión de la CNMV David Vives había expuesto con claridad la oposición de una parte del consejo a intervenir Gescartera en abril de 1999 -el grupo formado por la después presidenta Pilar Valiente, el vicepresidente Luis Ramallo y el ex jefe de gabinete de Rodrigo Rato José María Roldán- y la resistencia de algunos clientes, como los arzobispados de Valladolid y Burgos, ayer, Valiente apenas aportó información relevante. Se enrocó en una autodefensa a ultranza, acusó a Vives de mentir y calificó de falsas o manipuladas las anotaciones que la mencionan en la agenda de Pilar Giménez-Reyna.

En el informe Vives se detallaban hechos de suficiente gravedad como para decidir una intervención rápida de Gescartera: extractos bancarios falseados, expediente previo por resistencia a la acción inspectora, dudas sobre la localización del dinero, agujero o descuadre de 4.500 millones, cuenta ómnibus... El director de supervisión explicó que el funcionamiento de Gescartera era irregular y que la única forma de conocer el estado financiero real era intervenirla. La versión de Pilar Valiente es que el informe de Vives no incorporaba una propuesta de intervención y el descuadre de 4.500 millones afectaba solamente a una cuenta.

Un informe firmado dos meses después por otro técnico vino a confirmar las conclusiones de Vives. La lógica dice que la versión del responsable de la supervisión es la correcta. No se convoca un consejo extraordinario de la institución reguladora del mercado si la situación de una sociedad financiera no requiere de medidas rápidas; no era David Vives quien tenía que proponer la intervención, sino el consejo, a partir del informe de supervisión; y no es razonable defender que con la información disponible en el informe no existieran motivos más que sobrados para intervenir Gescartera. Por tanto, existe una responsabilidad muy grave del consejo, obstaculizado por Pilar Valiente, Ramallo y Roldán, que no adoptó una medida que hubiera ahorrado al menos que el fraude aumentara en otros 14.000 millones de pesetas.

A estas alturas de la explicación pública del caso son abrumadores los indicios de que hay graves responsabilidades políticas y de que la CNMV vulneró las leyes -por ejemplo, la que impone la exigencia de honorabilidad a los consejeros de las sociedades financieras para convertirlas en agencias de valores- y violó los procedimientos de supervisión para favorecer a los directivos de Gescartera.