Un negocio con 500 millones de potenciales usuarios

El Gobierno regional adjudicó a Metrocall, el pasado marzo, la licencia para gestionar la red de telefonía móvil del metro madrileño (201 estaciones y 171 kilómetros de túneles). Este sistema de transporte registró el año pasado más de 500 millones de viajes, con lo que el negocio para el adjudicatario estaba asegurado. Metrocall avanzó que podría ganar cada año de 2.000 a 3.000 millones de pesetas por alquilar la red de repetidores para que los viajeros puedan usar el teléfono móvil sin que se les corte la comunicación.

Los responsables del Metro, que antes habían sopesado una posible entrada libre de operadores en el subterráneo, se inclinaron por conceder a una única empresa la gestión del servicio.

La razón era 'obvia', según explican: 'No se puede cortar la circulación de los convoyes cada vez que un operador instale sus repetidores. Una única empresa, que distribuyese la señal de los móviles a los distintos operadores, parecía la solución ideal, y máxime cuando esta sociedad está participada por Metro, que conoce perfectamente la red y cuenta con los equipos necesarios para su mantenimiento', afirman fuentes de la Comunidad.

Al final, la Consejería de Transportes adjudicó directamente a Metrocall el negocio. Esta empresa se comprometió a invertir unos 10.000 millones de pesetas en la instalación. Se trata de una sociedad con un capital de 625 millones y participada en un 60% por la empresa de telecomunicaciones y energía Tecnocom y en un 40% por Metro de Madrid, empresa pública.

Desde junio pasado, Metrocall transporta la señal de los móviles a lo largo de la línea 8, que une las estaciones de Mar de Cristal y Barajas, mientras que las líneas 1 (Plaza de Castilla-Congosto) y 6 (Circular) tenían previsto disponer de este servicio a finales del presente año. Pero ayer la consejería reconoció que, tras el dictamen de la Comisión de Telecomunicaciones, los trabajos de ampliación se han ralentizado.

No obstante, Transportes mantiene conversaciones con todos los operadores para alcanzar un próximo acuerdo, ya que una diferencia económica -que no cuantificaron- impide solucionar el problema. Las partes, según la consejería, no se ponen de acuerdo sobre cuánto tendrían que pagar las compañías telefónicas por alquilar la red.