La batalla de Les Gavarres se encona

La batalla de Les Gavarres se encona y lleva camino de convertirse en un nuevo tropiezo del Gobierno catalán en medidas que afectan al territorio. La imposición de la línea de Les Gavarres, ejecutada por decreto y con el apoyo de un espectacular despliegue policial, topó ayer con un importante escollo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Girona, al que el municipio de Llagostera había pedido amparo ante lo que considera un atropello del Gobierno catalán, reiteró ayer que la sentencia que autoriza al consistorio a derribar el tendido es válida y firme. Con el amparo de esta resolución judicial, el alcalde firmó un decreto de paralización de las obras que el Departamento de Interior decidió desoír y mantener la protección de los Mossos d'Esquadra para que la compañía Fecsa pudiera seguir trabajando. Industria interpreta que el decreto de imposición de la línea, posterior a la sentencia, prevalece.

La interlocutoria dictada por la juez Pilar Rovira reza: '(...) el Ayuntamiento de Llagostera puede ejecutar de forma propia y plenamente autónoma la orden de derribo dictada, ya que la impugnación que intentó hacer Fecsa-Enher fue declarada inadmisible por una cuestión puramente formal. Sólo en el caso de que el Ayuntamiento precisara entrar en un domicilio o propiedad privada para llevar a cabo la ejecución, y el acceso le fuera denegado por el titular, sería necesario pedir el auxilio jurisdiccional'.

El alcalde del municipio, Lluís Postigo, intentó sin éxito aplicar su decreto municipal de paralización de obras. Se trataba del mismo decreto que un día antes no había podido evitar la reanudación de las obras del tendido, pero que ayer, reforzado por la interlocutoria judicial, puso en un brete a los Mossos d'Esquadra. La policía autonómica, previa consulta, alegó que debía cumplir la orden superior de proteger los trabajos. El alcalde anunció entonces que el municipio emprenderá la vía penal contra quien corresponda por el incumplimiento de la sentencia judicial. También anunció para hoy mismo la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de un recurso contra el decreto del Consell Executiu que impone la línea.

Norma preconstitucional

Se trata de un decreto sin precedentes. Jamás a lo largo de toda su historia, la Generalitat había dictado un decreto como el que ordena acabar la línea de Les Gavarres por razones de 'excepcional interés público'. El texto se ampara en un artículo de la ley de suelo catalana, el 250, traducido literalmente de la ley española de 1976 y que no sólo es preconstitucional, sino que podría incluso impugnarse por su más que presunta inconstitucionalidad. 'Se trata de un precedente absolutamente insólito que da idea de la debilidad de los argumentos de la Generalitat en este contencioso', asegura Gerard Nadal, asesor jurídico del Ayuntamiento de Llagostera. Fuentes jurídicas señalan que el equipo jurídico de la Generalitat ha tenido que meterse en terrenos muy pantanosos para abrirle el camino a Fecsa. Tres horas estuvieron ayer estudiando la interlocutoria judicial los servicios jurídicos de Interior antes de decidir amparar a Fecsa de nuevo frente a la orden de paralización de las obras dictada por el alcalde.

Por el momento, todas las resoluciones judiciales están del lado del consistorio, pero la pugna entre las dos administraciones, la autonómica y la municipal, se ha dirimido hasta ahora en el campo de la fuerza: 80 Mossos d'Esquadra contra 10 guardias municipales. El alcalde, Lluís Postigo, ha querido evitar a toda costa una confrontación de fuerzas policiales, aunque los documentos judiciales de los que dispone le dan argumentos más que sobrados para plantear esta batalla.

La juez Pilar Rovira reconoció ayer mismo en su escrito que la sentencia que le faculta para derribar el tendido es firme. Pero sobrevalora el poder ejecutivo de que dispone un pequeño municipio. El alcalde se había dirigido a la justicia para pedirle que el juzgado parara las obras. Pero la juez, en lugar de hacerlo, responde al Ayuntamiento que tiene capacidad legal y administrativa suficiente para aplicar la sentencia que le permite actuar contra el tendido eléctrico, que sigue siendo válida y firme. 'Si fuéramos el Ayuntamiento de Barcelona, es evidente que la sentencia podría ejecutarse sin problemas', lamenta Nadal.