El Gobierno central sugiere alargar los peajes para paliar la subida del 9%

El Gobierno central ha tanteado a algunas concesionarias de autopistas sobre la posibilidad de paliar el aumento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que grava los peajes, que el 1 de enero pasará del 7% actual al 16%. Este aumento se produce tras una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que estableció la ilegalidad de la rebaja efectuada en 1997. La asociación de autopistas explicó ayer que aún no hay una propuesta oficial del Gobierno, pero que no creen que tarde en llegar una convocatoria formal.

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo acaba con una idea que adoptó el Gobierno del Partido Popular a sugerencia del entonces consejero de Política Territorial del Gobierno catalán, Artur Mas. Los socialistas ya dijeron que la decisión era ilegal y Mas insinuó que era pura envidia por no haber sido capaces de encontrar una solución tan sencilla.

Sencilla o no, la medida era ilegal y está anulada. Pero subir los peajes el 9% (más el 95% del IPC) es una medida absolutamente impopular, especialmente en Cataluña, donde el movimiento antipeajes acosa al Ejecutivo que preside Jordi Pujol desde hace meses. La Declaración de Gelida, organización que agrupa al movimiento contra los peajes, analizó el lunes la situación y ha hecho llegar a los gobiernos central y catalán el anuncio de nuevas movilizaciones si se produce un aumento de las tarifas de las autopistas.

Las concesionarias ya recibieron la primera sugerencia en febrero. El entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna (ahora imputado en el caso Gescartera), sugirió que las concesionarias asumieran la subida sin repercutirla en los usuarios. La respuesta de las empresas fue clara: de ninguna manera. Con posterioridad y sin hacerlo de modo oficial, el Gobierno central ha hecho llegar una segunda propuesta: una rebaja en los peajes a cambio de otra prolongación en las concesiones. Un portavoz de la Declaración de Gelida aseguró ayer que esta opción es inaceptable y que de aplicarse, provocaría la misma respuesta belicosa que el aumento del precio. 'El Gobierno no se ha dirigido directamente a ASETA ', afirmó ayer un portavoz de la organización, 'pero estamos seguros de que la convocatoria está al caer y que en cuanto amaine un poco la preocupación por lo de Gescartera nos dirán algo'.

Las concesionarias, añadió la misma fuente, entienden que el problema no va con ellas. Los impuestos son cosa del Ejecutivo, no de las empresas, que harán lo que se les diga. Otro asunto es si se les propone formalmente prolongar el mantenimiento de los peajes. Un portavoz del Gobierno catalán aseguró ayer que sabe que el Gobierno central trabaja con esta hipótesis, pero que para las concesiones dependientes de la Generalitat se busca una fórmula que no incluya ni la repercusión en el usuario ni alargar las concesiones. El portavoz añadió que, de momento, no han dado con ella.