El Teatro Romano espera su sentencia

El asedio a Sagunto por parte de los cartagineses comandados por Aníbal se considera un episodio de notable importancia en la histórica del mundo antiguo puesto que sirvió de excusa para que los romanos declararan la Segunda Guerra Púnica. Corría el siglo II antes de Cristo. El episodio fue inmortalizado, para mayor gloria de los romanos, por Tito Livio en Ab urbe condita, una obra que han tenido que traducir y estudiar muchos alumnos de Latín. Sin duda el suceso más legendario es el que relata cómo, ante las duras condiciones de rendición impuestas por Aníbal, los saguntinos arrojaron a una gran pira sus riquezas y a las personas no aptas para luchar.

El nuevo capítulo histórico que puede interpretar Sagunto, esta vez como objeto pasivo, carece de cualquier componente legendario. Pero será histórico por la gran repercusión que sin duda tendrá, si finalmente la Generalitat ejecuta la sentencia que declara ilegales las obras de rehabilitación del Teatro Romano, diseñada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. No es nada habitual que se financie la costosa restauración de un monumento nacional para después demolerla, con gran dispendio también por parte de la Administración. Correrán ríos de tinta.

Cuando el PP estaba en la oposición hizo 'casus belli' de la intervención en el Teatro Romano

Y no es para menos. La Generalitat se enfrenta a un problema de difícil resolución. Cuando el PP estaba en la oposición hizo de la intervención en el Teatro Romano casus belli. Ahora que preside el Gobierno autonómico debe tomar una determinación. El abogado y ex diputado del PP Juan Marco Molines, que ganó el recurso contra la intervención, aún no ha pedido la ejecución de la sentencia. El pasado jueves afirmó que está empezando a 'calentarse y a cansarse' ante el silencio de la Consejería de Cultura. Las numerosas declaraciones de Molines han encontrado la callada por respuesta.

La consejería está apurando todos los plazos para presentar su informe definitivo sobre la reversibilidad de las obras. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el término de entrega de dicho expediente acabó ayer. Sin embargo, desde la Consejería de Cultura se elude la cuestión. El consejero Manuel Tarancón ha repetido desde hace semanas que la entrega del expediente se realizará 'en los próximos días'.

La Generalitat ha demandado todo tipo de informes técnicos a profesionales externos de la consejería que, en realidad, vienen a confirmar un hecho ya sabido: que las obras son reversibles en su mayor parte. Ahora bien, la devolución al aspecto anterior a la intervención sería costosa (alrededor de 1.000 millones) y muy delicada.

La opinión de los arquitectos consultados es contraria a la demolición. La propia sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la del TSJ, indica 'que el rechazo de la legalidad del proyecto no supone en modo alguno su desautorización desde el punto de vista estrictamente cultural, artístico o arquitectónico'. Pero los tribunales lo consideran ilegal por ser contrario a la norma. Consideran que no ha habido rehabilitación, sino una restauración 'y en algunos casos una simple construcción'.

De hecho, tan importantes como los informes arquitectónicos serán los de carácter jurídico. La consejería ya realizó una interpretación jurídica de la Ley de Patrimonio para permitir dar vía libre a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal, cuya trama urbana es Bien de Interés Cultural. Por lo cual no es descartable una resolución de este tipo que no levante demasiadas ampollas.

Pero dada la incertidumbre, en las últimas semanas se han producido diversas filtraciones sobre el informe de Cultura que eran incluso contradictorias. Se ha dicho que se demolerá el escenario y se dejarán las gradas, y también se ha dicho exactamente lo contrario.

Sea como sea, difícilmente se podrá explicar a la opinión pública una intervención de envergadura. Cierto es que la restauración emprendida para dar uso al Teatro Romano y recuperar restos ha sido muy polémica. Principalmente se ha criticado el gran muro del escenario que rompió con la imagen interiorizada de un recinto que, sin embargo, había sufrido ya numerosas yuxtaposiciones e intervenciones que desvirtuaban su aspecto. Pero pasado el tiempo, la intervención de Portaceli y Grassi (inacabada debido al proceso judicial) se ha consolidado. Sobre todo se reclama un mayor uso del Teatro Romano para explotar todas sus posibilidades. Una demanda que chocará frontalmente si se opta por una nueva intervención que iniciarían nuevos procesos.