Morón se debate entre el miedo a la crisis mundial y la posibilidad de que el uso de la base cree empleo

En Morón de la Frontera (Sevilla) y su comarca conviven habitualmente el rechazo a la presencia del ejército en la cercana base militar y la consideración de la misma como una fuente importante de riqueza y empleo para la zona. Tras el atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, las contradicciones se agudizan ante la preocupación de los vecinos por los efectos de la respuesta estadounidense a la crisis mundial y la posibilidad de que la situación provoque la creación de puestos de trabajo eventuales en el aeródromo, en unos pueblos tradicionalmente castigados por el desempleo agrario.

En 1991, durante la Guerra del Golfo, la comarca sevillana vivió una situación muy parecida a la que los habitantes de la zona prevén que puede darse si Estados Unidos inicia una masiva operación militar de respuesta a los atentados terroristas sufridos en su territorio el pasado 11 de septiembre. Los vecinos terminaron por acostumbrarse al zumbido de los gigantescos bombarderos B-52, que despegaban camino de Irak cargados con 50.000 kilos de explosivos por aparato.

En las elecciones municipales de aquel año, Diego Cañamero, dirigente histórico del Sindicato de Obreros del Campo y alcalde de El Coronil, perdió y tuvo que ceder su puesto durante cuatro años. Cañamero había declarado a la base militar enemigo público número uno de la localidad y lideró la campaña contra el uso estadounidense de la instalación. La gente de El Coronil (5.140 habitantes) no le perdonó que pusiera en duda una de las principales fuentes de riqueza de la comarca.

Diez años después, Cañamero vuelve a liderar a los grupos y asociaciones (Izquierda Unida, pacifistas, feministas y okupas)que se oponen al uso militar del aeropuerto. Constituidos en la plataforma pacifista Sin Base, con Fundamento, han empezado a movilizarse 'ante el riesgo que corremos y que corren otros' y contra 'cualquier intervención militar indiscriminada, así como contra el apoyo incondicional del estado español' al uso estadounidense de las instalaciones de Rota y Morón, dicen en un comunicado. Dentro de una semana, el 30 de septiembre, se harán oir con una concentración a las puertas de la base.

Buena situación laboral

Una opinión bien distinta sostienen los trabajadores civiles de las instalaciones militares. 'No me gusta el lío bélico, pero he criado a mis hijos y vivo bien gracias a la base', dice uno de ellos, que desgrana las bondades de su situación laboral (27 días de vacaciones, 5 pagas extras, un sueldo mensual de 230.000 pesetas) y deja a su interlocutor que saque conclusiones.

El propietario de un negocio que vive de dar servicio a los militares estadounidenses refleja la contradicción, en su caso ideológica. Se considera de izquierdas y no le gusta el uso que tiene la base pero reconoce que cuando hay maniobras, aumenta su actividad. 'Nos viene bien para la empresa', señala ante la previsión de que la operación Justicia Infinita genere aún más actividad que un simple ensayo.

Los vecinos menos implicados ideológicamente o con ingresos ajenos a la actividad de la base, viven la situación entre la preocupación y la tranquilidad que da la costumbre. Así lo señalan tanto José Párraga, alcalde socialista de Morón (28.232 habitantes), como Manuel Brenes, el independiente que gobierna en El Arahal (18.252), el tercer vértice del triángulo que rodea la instalación militar. 'La gente está aparentemente tranquila pero nos para por la calle para preguntar si sabemos algo más que ellos', dice Brenes. En Morón, la dueña del quiosco La Carrera calcula que desde el atentado vende un 30% más de periódicos.

Una situación similar se vive en Rota. Mientras en el interior de la valla, en la base naval aumenta la actividad, en el exterior la ciudad recibe el otoño ajena a los grandes movimientos bélicos, informa Francisco José Román. Sin embargo, el alcalde, Domingo Sánchez, ha remitido una carta al ministro de Defensa, Federico Trillo, en el que reconoce su preocupación por los efectos de la actividad militar, en caso de que la crisis involucre a la instalación. 'Nuestros sistemas de protección locales no están preparados para un supuesto de esta magnitud', dice el alcalde en su escrito.

Los alcaldes de los pueblos que rodean la base de Morón reclaman también a Defensa, en este caso información. Párraga, Cañamero y Brenes, cada cual desde su posición política, coinciden en pedir al Ministerio que les cuente qué pasa en la base y que riesgo corren sus pueblos que, cercanos a una instalación tan peligrosa, carecen de cualquier tipo de plan de emergencia con el que saber a qué atenerse en caso de accidente.