...y ahora, responsabilidad política

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) presentó su dimisión ayer, poco después de que el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, reafirmase su confianza en ella y la elogiase como funcionaria que ha prestado servicios importantes. Si el vicepresidente se refería al papel de Valiente en la responsabilidad de la ya ex presidenta de la CNMV en el desdichado asunto de la supuesta amnistía fiscal de los gobiernos del PSOE, no cabe sino considerar tal reconocimiento como un sarcasmo, dado que la realidad demostró que era una operación montada al servicio del PP.

La dimisión de Pilar Valiente no puede interpretarse a estas alturas como un gesto de responsabilidad institucional debido a un acoso externo, sino como el resultado inevitable de las abrumadoras evidencias de su incapacidad de gestión y, lo que es peor, de los fundados indicios de connivencia y tráfico de influencias en torno a la agencia de valores Gescartera.

El auto de prisión contra la presidenta de esta sociedad, Pilar Giménez-Reyna, y la dimisión de Pilar Valiente al frente de la CNMV cubren parte de las responsabilidades penales e institucionales abiertas por este escándalo financiero. Pero en ningún caso cancelan las responsabilidades políticas. Desde la oposición y en beneficio propio, el PP extremó los rigores en la aplicación del principio de la responsabilidad política, según la cual los altos cargos de la Administración estaban obligados a dimitir por causa de los errores o faltas cometidos por sus subordinados. No parece que desde el Gobierno esté dispuesto a aplicarse la medicina con idéntico rigor. Por el contrario, se muestra decidido a cortar cualquier elevación de responsabilidades hacia quienes nombraron a los dimisionarios Enrique Giménez-Reyna y Pilar Valiente.

Y, sin embargo, el desarrollo del caso Gescartera está desvelando como mínimo severos fallos en la vigilancia de los ya dimisionarios. Fue el Ministerio de Economía quien nombró a Pilar Valiente a pesar de que sus méritos profesionales eran cuando menos dudosos, de que su designación alimentaba la sospecha de un pago por los servicios prestados y de que su perfil político estaba muy alejado de las cualidades de imparcialidad, equilibrio y calificación técnica que exige el cargo. Pero, sobre todo, porque el ministro de Economía es quien con su política de nombramientos de consejeros hostiles al anterior presidente de la CNMV, Fernández Armesto -como el de la propia Pilar Valiente o el del inefable Luis Ramallo-, contribuyó a sembrar el enfrentamiento en el seno de la Comisión y facilitó la impunidad de casos como el de Gescartera.

Si la dimisión de Pilar Valiente ha llegado tarde y mal -porque ha paralizado durante los últimos dos meses el trabajo de la CNMV y ha reducido el prestigio de la institución casi a cero-, cabe esperar que a partir de ahora avancen con nitidez las dos vías de investigación abiertas: la penal, a cargo de la Audiencia Nacional, y la política, que lleva a cabo la Comisión Parlamentaria. Siempre que los diputados del PP estén dispuestos a dedicarse a su trabajo. Esto es, a depurar las responsabilidades políticas del caso. Parece demasiado costoso para el erario público organizar una comisión de esta naturaleza para averiguar si el Grupo PRISA invirtió en Radiotrónica. Al diputado del PP que parecía tan interesado en el asunto le hubiera bastado con consultar la memoria pública de PRISA correspondiente al año 2000, que por otra parte está depositada en los archivos también públicos de la CNMV.

En el Parlamento ya no será posible eludir la investigación del papel que han jugado los departamentos económicos en el caso. Porque la negligencia demostrada por los equipos políticos de la CNMV en el control de Gescartera, así como su insólita elevación al rango de agencia de valores a pesar de los antecedentes de los gestores de la sociedad, es extensible a quien aprobó finalmente los trámites.

Cobra singular importancia la personalidad de quien sustituya a Pilar Valiente al frente de la CNMV, cuya principal misión será recomponer su legitimidad. Su perfil será un test para conocer si el Gobierno ha aprendido la lección de que no puede politizar ad nauseam la acción de los organismos reguladores, ni limitar su autonomía. Antes que en la CNMV, ello ocurrió en la Comisión Nacional de la Electricidad. Y otra pregunta: ¿tendrá en el futuro inmediato Pilar Valiente otro cargo de naturaleza política como pago de sus silencios y fidelidades?