Un ciempiés económico

Para hacer el recuento de los dineros que la Iglesia católica recibe del Estado hay que acudir, como poco, a una treintena de ventanillas públicas. Y se tiene suerte si en la inmensa mayoría sólo replican con un 'vuelva usted mañana'. Algunas administraciones, ni en meses contestaron con los datos precisos. Lo avisó a tiempo el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano. 'Este empeño es para una tesis doctoral. Hay datos que, en determinados lugares, no los sueltan ni con la Guardia Civil', dijo.

Otra conclusión es que la Iglesia, como organización económica, es un ciempiés. A efectos constitucionales, todo está claro: el Romano Pontífice 'tiene potestad suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia' (artículo 1º de su constitución jerárquica), y los demás eclesiásticos están bajo sus órdenes absolutas, por muy alta que sea su dignidad o por muy lejos que se encuentren de Roma. El Código de Derecho Canónico legisla con precisión sobre 'los bienes temporales de la Iglesia', pero advierte de que el dominio de los bienes adquiridos, retenidos, administrados o enajenados por iglesias particulares 'corresponde a la persona jurídica que los haya adquirido legítimamente'. Eso sí, el código advierte de que 'son bienes eclesiáticos' (canon 1257) [y también de que 'la Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita para sus propios fines' (1260)].

Extensiones eclesiásticas

La realidad es que ni siquiera los máximos representantes de la Santa Sede en cada país tienen control sobre el movimiento económico que se produce a su alrededor. Así, cuando se supo que varias diócesis, entre las que hay dos arzobispados, habían sido sorprendidas en su buena fe por los pícaros de Gescartera, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan José Asenjo, dijo que la Iglesia no tenía nada que ver con asunto tan feo, ni había invertido en ese chiringuito una sola peseta.

En el sentido estricto de la palabra Iglesia, los hechos eran testarudos. El Arzobispado de Valladolid, por ejemplo, es Iglesia, y su prelado titular, José Delicado Baeza, fue durante años nada menos que vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Iglesia es también cualquiera de las instituciones de vida consagrada, de monjas o de frailes, atrapadas en esa trampa financiera. Queda dicho para que se entienda por qué en el recuento de los ingresos eclesiáticos se incluyen las decenas de miles de millones que recaudan esas organizaciones dedicadas de forma preferente a la enseñanza. Porque, si se excluye a estas instituciones señeras, entonces la Iglesia católica son los obispos [118 prelados, en su mayoría mayores de 70 años], 19.000 curas y un presupuesto anual de poco más de 23.000 millones de pesetas, que no darían ni para sostener el imponente trabajo social de Cáritas.