Tocando fondo

Las informaciones más recientes sobre el escándalo financiero de Gescartera están contribuyendo a aclarar de forma sustancial el entramado político e institucional que colaboró en tan monumental estafa. La aparición de un diario de la presidenta de la agencia de valores, Pilar Giménez-Reyna, dibuja una maraña de relaciones inconvenientes en 1999 con el entonces director general de Tributos y después secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, y la consejera y actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente.

Una norma elemental de prudencia exige que las comprometedoras anotaciones del diario sean ratificadas o corregidas por investigaciones posteriores. Pero la primera impresión que se obtiene de su lectura es que Enrique Giménez-Reyna, director general de Tributos en 1999, actuó como un consejero activo de su hermana Pilar en los momentos difíciles de Gescartera, cuando sorteó con muchas dificultades un amago de intervención a cuenta de la desaparición de los fondos invertidos en la sociedad por el arzobispado de Valladolid, y que el comportamiento profesional e institucional de Pilar Valiente fue impropio de un servidor público. De ser ciertas las anotaciones, actuó como confidente de Gescartera, avisando 'rápidamente' de una reunión del consejo de la CNMV y contribuyó diligentemente a obstaculizar la investigación en Gescartera. Corresponda a Pilar Valiente o a Enrique Giménez-Reyna, la consigna imperativa recogida en el diario de 'no dar nombres de cheques al portador, no somos la Agencia Tributaria' revela la escandalosa confusión entre deberes públicos y negocios privados orquestada en torno a la CNMV y al Gobierno en la gestación de este caso.

Son razones que aconsejarían la dimisión de Pilar Valiente como presidenta de la CNMV o su destitución por el Ministerio de Economía. No sólo por las sombras que se desprenden de la insólita autorización para convertir Gescartera en agencia de valores a pesar de los antecedentes de sus socios y consejeros y por la sospecha que emerge de las anotaciones reveladoras de Pilar Giménez-Reyna. También por el desprestigio que desde el caso Gescartera contamina a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El organismo encargado de velar por la seguridad de inversores y accionistas tiene que estar fuera de sospecha siempre, pero muy particularmente en tiempos de zozobra como los que viven hoy los mercados. Es la actividad supervisora de la CNMV la que se está poniendo en cuestión, y con ella, su credibilidad ante los inversores.

Hasta ahora son las investigaciones judiciales sobre el escándalo las que progresan a buen ritmo. Pero no se puede decir lo mismo de las administrativas y de la que lleva a cabo la comisión parlamentaria encargada de dilucidar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse del asunto. A pesar de las promesas presidenciales de llegar hasta el final -'caiga quien caiga'-, lo cierto es que los diputados del PP y el Gobierno han reeditado la costumbre de retrasar u ocultar la información pública e institucional relevante a la oposición, como ya hicieron en la investigación sobre el fraude del lino.

Veinticuatro horas antes de la comparecencia del principal acusado, Antonio Camacho, la oposición apenas contaba con otra documentación que una denuncia sobre la falsificación de un tampón de Cajamadrid -a partir de la cual se descubrió el fraude-; la relación de actividades notariales de Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV, después de dejar el cargo, y otros expedientes menores sobre el papel de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). No parece que sea la manera más eficaz de cumplir con el compromiso presidencial de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias.