La Junta pagará la cirugía en un centro privado si el paciente no ha sido operado tras seis meses

La Junta, en el Consejo de Gobierno de ayer, aprobó un decreto por el que Salud garantiza a todos los usuarios de la sanidad pública que cualquier proceso quirúrgico al que deban someterse no se retrasará más de seis meses. En caso contrario, el enfermo podrá operarse en el hospital privado que desee y el SAS le abonará los gastos, además de las dietas correspondientes para un acompañante. El decreto, que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOJA, tiene un plazo de 12 meses para su aplicación. Se excluyen de él las intervenciones de urgencia y los transplantes.

La medida no tiene precedentes. Ningún sistema público de salud en el mundo había asumido hasta ahora el reto de garantizarle a sus usuarios un plazo máximo de seis meses para operarse. 'En algunos países de Europa existen acuerdos puntuales similares, pero en ningún caso se refieren a más de una docena de procesos quirúrgicos. Nosotros vamos más lejos y nos comprometemos por decreto a operar en un plazo de 180 días a todas las personas empadronadas en Andalucía, que se hallen en espera quirúrgica. Si se sobrepasa este plazo, el paciente puede elegir el hospital privado que desee y la Junta le pagará la intervención, de acuerdo a las tarifas que rigen, además de las dietas de un acompañante', explica Francisco Vallejo, consejero de Salud.

Hay algunas excepciones que recoge el decreto. Se excluyen de él las operaciones de urgencia y la extracción y transplante de órganos. También la cirugía plástica, siempre que no esté indicada como medida terapéutica, y otras intervenciones quirúrgicas consideradas 'banales', es decir, que su demora no afecte directamente a la salud del paciente; por ejemplo, eliminar una verruga.

El decreto denominado de Garantía de Plazo de Respuesta Quirúrgica establece un registro común para todos los hospitales públicos y concertados de la comunidad autónoma, si bien cada centro sanitario gestionará por su cuenta esa lista. Esto significa que habrá más información a disposición del usuario y éste, a su vez, podrá conocer mejor y en todo momento el número de personas que hay apuntadas para operarse de una determinada patología así como el tiempo que él deberá esperar para operarse.

A los pacientes que deseen formar parte del nuevo registro, que garantiza la intervención en un máximo de seis meses, se les pide que acompañen su solicitud con la declaración del médico que autoriza la intervención y con su firma aceptándola.

Perderán el derecho a estar en esta lista única cuando se nieguen a ser intervenidos en el hospital que les oferte la administración o cuando, voluntariamente, no se presenten para ser operados. En todo caso, si el enfermo desea seguir esperando hasta que le opere su médico de confianza en el hospital que él desea, puede hacerlo pero la Administración ya no le garantizará que va a ser operado en 6 meses, ni le indemnizará.

A partir de su publicación en el BOJA, prevista para primeros de octubre, el decreto establece un primer plazo de seis meses para articular el registro único de pacientes. También, en ese plazo, se cerrarán acuerdos de colaboración con las sociedades científicas y se establecerán protocolos para unificar criterios que sirvan de base a la hora de decidir cuándo un paciente pasará a formar parte del nuevo registro.

En Andalucía, según los datos facilitados por Salud, había en agosto 32.000 personas en lista de espera quirúrgica y la demora media era de 94 días, aunque, como apunta Vallejo, 'son demasiadas, todavía, las personas que deben esperar más de seis meses para operarse. Pero con este decreto lo vamos a resolver'. Una resolución que en ningún llegará antes de un año, que es el plazo máximo fijado en el propio decreto para su total implantación.

Derecho fundamental

Vallejo reitera que esta medida supone 'un salto importante' en el reconocimiento de un derecho fundamental del individuo, como es 'que se le garantice un tiempo determinado para operarse'. La entrada en vigor de la medida significará que el SAS tendrá que reorganizarse y hospitales y profesionales ponerse de acuerdo para unificar criterios y protocolos.

Por su parte, la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, en declaraciones recogidas por EFE, manifestó sobre la aprobación del Decreto de Garantía Quirúrgica que 'es algo que hemos venido reclamando durante mucho tiempo para acabar con las listas de espera'. En cambio, Antonio Sanz, el secretario general de los populares andaluces, mostró en Almería, en rueda de prensa, el 'escepticismo' de los populares ante el decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta. Sanz calificó la medida de 'trampa del Gobierno andaluz para manipular las cifras y los tiempos de espera reales'. Y añadió que la decisión de Salud de poner en marcha esta medida es 'una precipitación de la Consejería para aprobar con máxima urgencia' una propuesta que ya hizo en su día el PP andaluz.