Bruselas lanza el primer proyecto legal conjunto para luchar contra el terrorismo internacional

La Comisión Europea lanzará mañana el primer proyecto legal para que los 15 países de la UE adopten legislaciones similares para combatir el terrorismo. A la vez, el Gobierno comunitario aprobará también la propuesta legal para crear la orden europea de busca y captura. Esta orden incluirá el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales y la extradición automática de delincuentes. En el proyecto sobre el terrorismo, Bruselas propone que la pena mínima en toda la UE para condenados por asesinatos terroristas sea de 20 años.

El listado de penas mínimas contra actividades terroristas incluye 15 años de cárcel por dirigir un grupo terrorista. Diez por el secuestro o toma de rehenes; la fabricación, posesión, compra, transporte o suministro de armas o explosivos; dispersión de sustancias contaminantes y provocación de incendios, y por atentados contra las redes de suministro de agua o de energía. Siete por promover, apoyar o pertenecer a un grupo terrorista. Cinco por causar daños a medios de transporte públicos o a edificios públicos y por interferir en los sistemas de información y comunicación. Cuatro por causar daños personales. Y dos por extorsión, robo o amenazas.

El Gobierno comunitario cita expresamente esta relación de hechos como 'delitos terroristas', pero el artículo cuarto de la propuesta también señala que los Quince se comprometen a castigar penalmente a quienes instiguen, ayuden, apoyen o intenten cometer un acto terrorista.

El proyecto, elaborado por el comisario de Justicia e Interior, el portugués António Vitorino, precisa que las penas serán superiores si los atentados son cometidos contra un jefe de Estado, ministro, parlamentario, consejero o concejal, juez, funcionario de prisiones o policía. Se aplicarán atenuantes si los acusados de actos terroristas optan por colaborar con la justicia o renuncian a su actividad terrorista.

La propuesta define al grupo terrorista como una organización estructurada, establecida durante un periodo de tiempo, formada por más de dos personas y dedicada a cometer delitos terroristas. Vitorino también describe el delito terrorista como el cometido intencionadamente por individuos o grupos contra uno o más países, sus instituciones o su población, mediante la intimidación, con el objeto de alterar o destruir sus estructuras políticas, económicas o sociales.

Con respecto a la cooperación entre los Quince, la propuesta prevé que cada país cree mecanismos de cooperación judicial y policial y de intercambio de información. Vitorino ha anunciado además que la Comisión elaborará un documento sobre asistencia y compensación a las víctimas de atentados terroristas.

Hoy, la legislación contra delitos terroristas en la Unión Europea difiere notablemente de uno a otro país. Sólo seis (Italia, Alemania, España, Reino Unido, Portugal y Francia) de los Quince tienen leyes específicas. Para el Gobierno comunitario, es imprescindible armonizar la legislación al respecto, toda vez que 'el terrorismo constituye la más seria amenaza contra la democracia, el libre ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo económico y social'.

Más colaboración

La presentación del texto legal a la Comisión se produce cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ya han decidido, a raíz de los atentados contra Estados Unidos, acelerar su colaboración en las áreas de Justicia e Interior y de política exterior y de seguridad común. La propuesta lanzada ahora culmina los objetivos acordados por los líderes europeos en la cumbre de Támpere en octubre de 1999, que también propuso la eliminación de las barreras administrativas para extraditar a los delincuentes dentro del espacio europeo. Ahora, el proyecto será analizado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. El proceso de asimilar esta norma en todas las legislaciones de los Quince se prolongará durante tres años. Vitorino afirma, además, que la Comisión estudiará mañana que el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales debe convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial europea. Por eso, propone un proyecto legal que incluye la creación de la orden europea de busca y captura y el reconocimiento inmediato en toda la UE de la demanda de extradición dictada por jueces ad hoc de un país de la Unión.

Vitorino propone 'suprimir' el sistema actual, 'lento y obsoleto', por el que los procesos de extradición están sometidos a trámites judiciales y a decisiones políticas. Esta segunda parte es la que queda eliminada en la propuesta legal comunitaria. Una orden de extradición será válida en toda la UE si la persona reclamada es susceptible de ser condenada a más de un año de prisión o si ha sido ya condenada a más de cuatro meses.

El proyecto incluye una serie de garantías procesales para el perseguido (disponer de abogado e intérprete, compromiso de no ser condenado a cadena perpetua), a la vez que cita algunas excepciones. Así, cada país podrá elaborar una lista de delitos excluidos porque sus legislaciones no los contemplan como tales, por ejemplo, consumo de drogas, eutanasia o aborto.