¿Qué cabe esperar de una Ley de Calidad de la Educación?

Uno de los indicadores más importantes y más universalmente aceptados de la calidad de la educación básica es su capacidad para identificar las ayudas que los alumnos necesitan para aprender, para organizar estas ayudas y para proporcionárselas cuándo y cómo las necesiten. En el transcurso de las últimas décadas, el sistema educativo español ha experimentado una mejora sustancial en lo que concierne al tipo de necesidades de los alumnos que es capaz de atender, a la variedad y eficacia de las ayudas que les ofrece y, en consecuencia, al volumen y la heterogeneidad del alumnado que encuentra en él un marco adecuado para crecer y desarrollarse.

El proceso, sin embargo, no ha sido fácil, y además tiene aún por delante un largo camino que recorrer. La incorporación de alumnos con necesidades educativas cada vez más diversas -fruto en parte de la extensión de la escolaridad básica, primero hasta los 14 años con la Ley General de Educación, y luego hasta los 16 con la LOGSE- plantea retos de enorme dificultad al sistema educativo. Muchos de ellos han sido afrontados con éxito por el profesorado, que se ha visto obligado a diversificar considerablemente su acción educativa y sus métodos de enseñanza y a poner en marcha estrategias innovadoras de atención a la diversidad.

La inmensa mayoría de las escuelas e institutos son hoy mucho más ricos, complejos y creativos desde el punto de vista pedagógico de lo que lo han sido nunca en el pasado. Prácticamente todos acogen niños y jóvenes que hace tan sólo unos años no hubieran estado escolarizados o que, en el mejor de los casos, lo hubieran estado en grupos y centros 'especiales'. La capacidad de nuestras centros para atender la diversidad se ha incrementado de forma considerable; la calidad de nuestro sistema educativo ha mejorado sensiblemente. Las dificultades, no obstante, subsisten y sigue habiendo un porcentaje elevado de niños y jóvenes que no encuentran en las escuelas y en los institutos las ayudas que necesitan y que no alcanzan el nivel de formación adecuado.

Las carencias son particularmente visibles en la educación secundaria obligatoria (ESO). Las evaluaciones realizadas hasta ahora, pese a ser todavía escasas y parciales, ponen de relieve las dificultades de los equipos docentes y del profesorado para atender la diversidad extrema que encuentran a menudo en los institutos. En algunas zonas y en algunos centros, los índices de fracaso escolar superan con creces los umbrales aceptables, si es que es aceptable en modo alguno el fracaso en la educación básica. Muchos profesores y profesoras manifiestan su preocupación por el hecho de que la falta de recursos y apoyos les impide en ocasiones ayudar a los alumnos a obtener el máximo provecho de sus potencialidades y de su capacidad para aprender.Ninguna ley puede por si sola proporcionar una solución a estas y otras carencias de nuestro sistema educativo. Sí que puede, en cambio, arbitrar medidas orientadas a corregir algunos factores que merman considerablemente su capacidad para proporcionar a todos los alumnos y alumnas sin excepción las ayudas que necesitan.

Algunas de estas medidas, pero sólo algunas, tendrán que ver con la organización actual del currículo de la ESO, como por ejemplo el excesivo número de las materias obligatorias, la probablemente también excesiva amplitud de los contenidos comunes que establece para todo el alumnado, la falta de claridad respecto a las funciones de las materias optativas, o la imposibilidad de adoptar en determinadas circunstancias formulas de organización del alumnado distintas a las previstas con carácter general.

Otras medidas, en cambio, tendrán que estar más bien dirigidas a corregir la concentración del alumnado con mayores dificultades para aprender que se produce actualmente en algunos centros educativos. Otras, para finalizar con esta enumeración que en absoluto pretende ser exhaustiva, aún deberán orientarse a evitar que, contrariamente a lo que sucede con cierta frecuencia en la actualidad, algunos alumnos accedan a la ESO sin haber adquirido los aprendizajes básicos -lectura, escritura, cálculo-, los hábitos de trabajo y las estrategias imprescindibles para continuar con provecho su escolaridad.

Lo que cabe esperar aquí y ahora de una nueva ley referida a la educación básica es que refuerce la tendencia iniciada con la Ley General de Educación y la LOGSE de incrementar la capacidad del sistema educativo para atender las necesidades educativas de un alumnado que es y será inevitablemente cada vez más diverso; que consolide los avances realizados en esta dirección en el transcurso de los últimos treinta años; que identifique las importantes carencias y limitaciones que todavía presenta en este sentido y que establezca medidas para neutralizar los factores que están en su origen, y que contemple la diversidad como un hecho enriquecedor y desde planteamientos integradores y no como una amenaza de la que hay que protegerse levantando barreras y estableciendo compartimentos estancos.

Una ley de estas características podría calificarse con toda propiedad 'de calidad de la educación'. No parece sin embargo, a la luz de las informaciones proporcionadas hasta ahora por la ministra de Educación y otros miembros de su equipo, que éste vaya a ser el caso de la anunciada Ley de Calidad que está elaborando el Gobierno.

César Coll es catedrático de Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona y uno de los padres de la LOGSE.