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IGLESIA

El Gobierno renuncia a pedir cambios en el convenio bilateral con el Vaticano

Piqué visita al Papa el miércoles y hablará de los recientes conflictos con la Iglesia española

'Se hablará de algo más que de lo bonito que es Roma en otoño, pero no lleva propuestas de cambios'. Así interpretó un diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores la intención con que su jefe, Josep Piqué, inicia el miércoles su primera visita oficial al Estado de la Santa Sede. El ministro será recibido por el Papa y se reunirá con el secretario de Estado, el cardenal Sodano, pero no tiene intención -ni tiempo: la visita dura menos de un día- de alzar la voz sobre los problemas que la interpretación eclesial del convenio de enseñanza provoca hoy en España.

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La jerarquía católica ha despachado como una 'campaña desmedida en la que algunos cazan una mosca con misiles' los ecos del escándalo Gescartera y la agria polémica producida por el despido de profesores de religión por casarse por lo civil o irse de copas con los amigos. Es otra vez el fantasma del 'trasnochado anticlericalismo', según los prelados. Pero los estruendos han llegado a los despachos de los diplomáticos de la Santa Sede y el ministro Piqué se ha visto obligado a reconocer que su visita oficial estará condicionada por esa actualidad. 'A veces, la vida ofrece estas circunstancias', declaró resignado a Efe el pasado martes.

La agenda de esta visita ministerial, cerrada en agosto, es escueta, pero caliente: la financiación de la Iglesia y la enseñanza de la religión en las escuelas públicas; es decir, dos asuntos sobre los que las inversiones y pérdidas millonarias de varios obispos en Gescartera y los despidos de profesores, llevados a cabo en algunas diócesis, tienen una incidencia inevitable. 'Son cuestiones que deben ser tratadas con toda la prudencia necesaria. Bien, iremos viendo', añadió Piqué.

El ministro de Exteriores llega a Roma el miércoles hacia las siete de la tarde y, poco después, en la embajada ante la Santa Sede, un soberbio edificio de la plaza de España, ofrece una cena al responsable de la política exterior del Vaticano, el cardenal Angelo Sodano, que habla un fluido castellano desde que pasó varios años como nuncio en Chile, donde amigó con el entonces dictador Augusto Pinochet.

Al día siguiente, a media mañana, Piqué será recibido por el Papa, tendrá una sesión de trabajo con el secretario de Estado Sodano y ofrecerá, pasado el mediodía, una conferenica de prensa. A la 13.30 tomará el avión de regreso a Madrid.

El negociador

Que el negociador sea el ministro de Exteriores y que el encuentro se celebre en Roma tiene su importancia en estos momentos, porque los convenios de enseñanza que la jerarquía eclesiástica española presenta como intocables -con el argumento de que son bilaterales, es decir, entre dos Estados soberanos y, por tanto, no sujetos directamente a la legislación española- no fueron tramitados a través del Ministerio de Exteriores, con la Santa Sede como interlocutor, sino directamente entre la Conferencia Episcopal Española y el Ministerio de Educación. Así, el convenio económico-laboral de 1999, que permite a los obispos dejar sin empleo a profesores contratados y pagados por Educación, lo firmaron los entonces ministros de Justicia, Margarita Mariscal, y de Educación, Mariano Rajoy, ahora vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Interior, además del presidente de la Conferencia Episcopal. En cambio, todos los anteriores convenios, acuerdos o concordatos, en la historia reciente de España, fueron negociados y suscritos por los responsables de la política exterior de los dos Estados.

Un diplomático de Exteriores, a título personal, señaló al respecto que el tipo de vinculación entre Estados no puede ser el mismo en uno u otro supuesto. 'Creo que esos acuerdos no tienen capacidad para vincular a la Santa Sede', única que puede firmar convenios bilaterales de Estado con España, no la Conferencia Episcopal Española, opinó. Aunque ésta es una discusión bizantina, la proverbial sutileza de la diplomacia vaticana evitará que esta circuntancia dificulte sus deseos de poner sobre la mesa sus nuevos argumentos para cambiar a mejor -nunca a peor- las ya ventajosas relaciones con España.

La moratoria que terminó en 1991

En materia económica, la Iglesia católica española se comprometió con el Gobierno del PSOE en 1987 a autofinanciarse con una cuota de los impuestos de sus fieles, aceptando una moratoria que terminó en 1991. Fracasado con estrépito ese empeño de autofinanciación, los prelados querían negociar este año -para el inmediato presupuesto del Estado- nuevos mecanismos de relación económica, pero las vinculaciones de eclesiásticos destacados con el escándalo Gescartera hace impensable que logren sus pretensiones. De momento, en 2001 han recibido vía presupuestaria 21.750 millones, el 90,8% del presupuesto anual de la Iglesia, según datos de la Conferencia Episcopal. Además de esos fondos públicos directos, el Estado paga cada año varios cientos de miles de millones de pesetas en salarios de profesores de religión de colegios públicos, en sueldos de capellanes castrenses, penintenciarios y de hospitales y en subvenciones para los colegios religiosos concertados, incluídos las nóminas de sus profesores -este capítulo, casi en su totalidad, por cuenta de los presupuestos de las comunidades autónomas-, además de milmillonarias subvenciones para el patrimonio histórico religioso y cuantisosas ventajas fiscales, esclusivas para esta organización religiosa. En materia de enseñanza, los documentos de la Conferencia Episcopal no dejan dudas, incluso los emitidos tras el Concilio Vaticano II, con Franco camino ya del moridero. 'La Escuela española ha de ser, ante todo, católica', decía la Ley de Educación Primaria nacionalcatólica, precursora del Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede. En esos años, la Iglesia adquirió tanta experiencia que en 1973 todavía sostenía tener tanto derecho como el Estado para 'una sana colaboración' en ese campo. Que los prelados busquen privilegios para su religión es comprensible -incluso, obligado para ellos-, pero lo es menos el comportamiento del Estado. Si en 1953 el dictador cedió la mitad de la cartera a cambio de que el Vaticano avalara concordatariamente a su régimen ante el mundo -cedió tanto que aceptó definir a la otra parte como 'una sociedad perfecta'-, las reformas acordadas por el Gobierno de la UCD en 1976 y 1979 dejaron cabos sueltos que dan pie ahora a que los obispos, representantes de Roma, exijan privilegios sólo imaginables en 1953, no después de una Constitución que define al Estado como 'aconfesional'. Con el largo paréntesis de los Gobiernos socialistas, no sin alguna guerra religiosa -la de los crucifijos y la LODE, por ejemplo-, el Gobierno del PP, en 1999, a cambio de que algunos obispos dejaran de darle la tabarra con la reclamada derogación de las leyes del aborto y del divorcio, entregó lo que más barato sale en estos casos. Dinero. Eso que el Concordato llamaba, en su artículo XIX, 'una congrua dotación' para el buen desarrollo de las tareas evangelizadoras.

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