El presidente del Superior navarro ordena investigar el origen de la filtración

Las relaciones entre la judicatura navarra y el Gobierno foral están atravesando uno de sus peores momentos. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera que el Ejecutivo de UPN, empezando por su Dirección General de Justicia, está perturbando 'el normal funcionamiento de los órganos judiciales' e incumple, ocho meses después de su entrada en vigor, las exigencias materiales impuestas por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. La Dirección de Justicia del Gobierno regional lo niega todo, pero las relaciones institucionales se rompieron el pasado mes de julio, según han reconocido varios magistrados.

A las puertas de la apertura del nuevo año judicial en Navarra, el próximo lunes, las disensiones entre la judicatura y el Ejecutivo de Miguel Sanz, que asumió en 1999 las competencias de justicia en medios humanos (excepto jueces, fiscales y secretarios judiciales) y materiales, ha llegado al punto de que las versiones sobre la colaboración entre ambos estamentos se contradicen completamente. Lo que para los jueces es una 'mala o nula cooperación', para el Gabinete es una relación 'totalmente normal'.

El rotativo Diario de Noticias ha difundido una nota interna del presidente del tribunal, Rafael Ruiz de la Cuesta, dirigida a sus compañeros, en la que se vierten duras criticas contra la Dirección de Justicia del Gobierno. Concretamente, se habla de la 'intromisión externa' del Ejecutivo en el 'normal funcionamiento de los órganos judiciales' debido a la reiterada adopción de decisiones en materia de personal no consensuadas previamente. También se critica la falta de equipamiento en videocámaras y medios informáticos para las salas y juzgados que cumplan lo establecido en la nueva ley de Enjuiciamiento Civil.

El documento agrega que el Gobierno foral ha otorgado de forma unilateral vacaciones y permisos al personal de justicia, afectando al buen funcionamiento de los juzgados, sin tener competencias para ello y sin consensuar la medida en el seno de la comisión mixta de coordinación.

Al margen de los problemas de calendario laboral, los jueces, que se reunieron el pasado lunes por la presidencia del máximo tribunal navarro, habrían criticado la realización de trabajos en los despachos judiciales por orden de la Dirección de Justicia y sin permiso de los titulares, así como el retraso en la renovación de equipos informáticos, la instalación de videocámaras en las salas de juicio para grabar las vistas o la sustitución de rótulos bilingües por otros escritos sólo en castellano.

Según el mencionado rotativo, algunos jueces manifestaron que el repentino cambio de equipos informáticos en sus juzgados, realizado este mismo verano, les impidió proteger toda la información contenida en ellos, parte de la cual se encontraba bajo secreto judicial. Todo ello llevó al Superior a invitar sólo al presidente navarro, Miguel Sanz, al acto oficial de apertura del año judicial, si bien en una votación posterior se decidió invitar a los responsables de Justicia de su Gabinete.

El presidente del Tribunal Superior navarro ordenó ayer al correspondiente Juzgado de Instrucción de guardia la apertura de diligencias para esclarecer la responsabilidad penal en la filtración del escrito, que tiene carácter secreto.

Petición al Consejo General

Ruiz de la Cuesta explicó en un comunicado público que ya ha solicitado a la Sala de Gobierno de la institución que encabeza que nombre un instructor para que actúe en la esfera administrativa e investigue quién filtró el texto. También ha pedido a la Inspección de Tribunales del Consejo General del Poder Judicial que realice las diligencias oportunas.

Por su parte, la Dirección de Justicia, también en una nota oficial, evitó comentar el contenido del escrito de la presidencia del Tribunal Superior, pero negó que se haya roto el diálogo entre ambas partes y asegura que el funcionamiento de la comisión mixta es el normal, sin que en su seno se pusiera de manifiesto queja alguna relativa a esas materias.

El Gobierno defiende la legalidad de la sustitución de rótulos en el Palacio de Justicia y niega haber vulnerado ley alguna. La comisión mixta se reunió ayer mismo con urgencia para intentar recomponer el diálogo entre ambas partes.

La Dirección General de Justicia, al frente de la cual está José María Abad, depende de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que encabeza el vicepresidente del Ejecutivo regionalista, Rafael Gurrea.