PSPV y EU piden una moratoria para el litoral

La primera jornada del debate de política general de las Cortes Valencianas concluyó a primeras horas de la noche de ayer con la presentación de cerca de un centenar de propuestas de resolución por parte de los tres grupos parlamentarios. Si en la jornada matinal el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, había abrumado con una riada de propuestas a los grupos de la oposición, éstos contestaron con otra buena ristra de iniciativas: 50 presentó el PSPV, 26 EU y 20 el PP, éstas últimas coincidentes en su mayor parte con las enunciadas por la mañana por el presidente.

Los dos grupos de la oposición coincidieron en reclamar una moratoria urbanística en el litoral hasta que se apruebe la Ley de Ordenación de Territorio, así como la liberalización de la autopista de peaje en algunos tramos.

Los socialistas reclaman un plan de modernización social y apoyo a la familia, un acuerdo social para la convergencia y la tecnología, una estrategia para el desarrollo sostenible, una nueva concepción sobre seguridad ciudadana, alimentaria y sanitaria, y una modernización institucional. En estas iniciativas el PSPV pide la modificación de la normativa de contratación del profesorado de religión, un plan de reducción del tiempo de espera en el sistema sanitario público, potenciar los servicios de hemodiálisis de los hospitales públicos, un foro valenciano de la inmigración, un plan urgente de escolarización de 0 a 3 años y la implantación de la Tasa Tobin.

Además, los socialistas piden la gratuidad de los libros de texto, la creación de una policía autonómica propia, no mantener ninguna relación comercial con empresas radicadas en paraísos fiscales y reformar la ley de creación de Radiotelevisión Valenciana para garantizar el pluralismo.

Por su parte, las iniciativas de Esquerra Unida tienen por objeto la imposición de sanciones para la empresa eléctrica Iberdrola por los apagones, la implantación de la ecotasa y el rechazo a la instalación de un cuartel de la OTAN en Bétera. Además, se reclama la reforma del Estatuto de Autonomía, la reducción del gasto público en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la Ciudad de la Luz y en el aeropuerto de Castellón, la implantación de la jornada laboral de 35 horas y la entrega a las Cortes de los contratos de Canal 9 con las productoras, además de un plan director de potenciación y mejora del tren convencional.