Los municipios piden protagonismo en la negociación de la futura ley municipal

Cuatro de cada diez pesetas que se gastan los ayuntamientos vascos procede de ingresos ajenos. Buena parte de sus presupuestos depende de las subvenciones que reciben de otras instituciones, sobre todo de las diputaciones. Según los últimos datos del Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, el 41,7% de la financiación ordinaria de los municipios de la comunidad autónoma corresponde a las transferencias que provienen de las Haciendas forales. Esta fuerte dependencia financiera de los ayuntamientos apenas tiene diferencias en los tres territorios.

Según los datos correspondientes a 1999, es de un 41,6% en Álava, un 43,1% en Vizcaya y un 40,1% en Guipúzcoa. Sin embargo, hay casos en que esos porcentajes han crecido. Vitoria, por ejemplo, funcionó el año pasado con un presupuesto del que la mitad de los ingresos llegaron de otras instituciones; en concreto, un 47% de los 39.444 millones que manejó el Ayuntamiento. Este año, en cambio, ha descendido la aportación de la Hacienda alavesa al 38,2%.

Los ingresos municipales propios se nutren, sobre todo, de los impuestos (vehículos, bienes inmuebles, actividades económicas y construcciones), tasas (basuras, agua) y precios públicos (piscinas y centros deportivos). En total, esos tres conceptos suponen la tercera parte de los recursos municipales.

El resto de los ingresos, hasta componer los presupuestos de cada año, suele proceder del patrimonio: fundamentalmente, la venta de terrenos de su propiedad y, muy en segundo lugar, intereses bancarios por remanentes de tesorería y otros varios. En cualquier caso, la dependencia financiera de otras instituciones es considerable y no resulta extraño que algunos ayuntamientos recurran al endeudamiento para cuadrar sus presupuestos.

En ausencia de una ley Municipal propia, transcurridos ya más de 20 años de la aprobación del Estatuto de Gernika, es la Ley de Bases de Régimen Local la que establece este sistema por el cual los municipios dependen en gran medida de la 'caridad' de las Haciendas forales. Al menos, no es una 'caridad' discriminatoria, sino regulada por ciertas normas, aunque cada diputación establece sus propias fórmulas a la hora de repartir el dinero entre los ayuntamientos que integran su provincia.

El Gobierno vasco se ha fijado entre sus compromisos para esta legislatura la elaboración de la esperada Ley Municipal. Dos de sus aspectos centrales son definir qué competencias corresponde ejercer a los municipios y dar a éstos participación y voz en el reparto de los recursos tributarios recaudados por las haciendas forales gracias al Concierto entre el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos.

La aprobación de una Ley Municipal también figuraba entre los objetivos del Ejecutivo la pasada legislatura. Sin embargo, la situación de minoría y el clima de inestabilidad política impidieron que el Gobierno dirigido por PNV y EA sacará adelante una norma tan importante. Ahora, aunque no dispone de mayoría, sí tiene más opciones de que prospere al contar con los votos de IU.

'Un gran pacto local'

La ley municipal es una asignatura pendiente y una exigencia constante de los alcaldes. 'A la hora de elaborarse, hay que contar con los ayuntamientos', pide Alfonso Alonso, el alcalde de Vitoria. 'Debe haber un pacto local marco, que sirva como madre de la futura ley'.

Aunque todavía no se les ha transferido, ciertas competencias ya son ejercidas por algunos ayuntamientos, en especial los más grandes.. Es el caso de las escuelas infantiles y, en algunas ciudades, de buena parte de los servicios sociales. Ahora, los ayuntamientos pretenden obtener la competencia de manera formal.

'Es fundamental que Eudel y las tres capitales formemos parte importante del pacto', insiste el alcalde vitoriano. 'Representamos sensibilidades distintas, de modo que los aspectos que veamos en común puede tener mucha fuerza'. Una posibilidad que se ofrece en la futura ley es la presencia de los ayuntamientos, representados en Eudel, dentro de las reuniones y las decisiones del Consejo Vasco de Finanzas, el lugar donde se reparten los grandes ingresos generados por los impuestos entre las instituciones del País Vasco. Por ahora, ese organismo lo forman sólo el Gobierno autónomo y las tres diputaciones.