Comisión en marcha

En los Parlamentos de democracias consolidadas, la puesta en marcha de una comisión de investigación es un acto muy serio, revestido de cierta solemnidad, pues se trata de un instrumento de control muy cualificado de la acción del Gobierno por parte del poder legislativo. Por eso resultó bochornoso que en el pleno del Congreso para la constitución de la comisión que debe investigar el caso Gescartera el Partido Popular y el PSOE se enzarzaran en una agria disputa política sobre presuntas inocencias y culpabilidades sin esperar siquiera a que dicha comisión iniciara sus trabajos.

Ni el PP puede adelantar su inocencia, como si los serios indicios de connivencia entre intereses privados y cargos públicos que aparecen en el caso Gescartera fueran simplemente humo, ni el PSOE puede prejuzgar la culpabilidad del Gobierno convirtiendo sin más esos indicios en evidencias de su responsabilidad política. El objeto de la investigación se centra en determinadas áreas económico-administrativas del Gobierno, no en elementos anecdóticos que puedan o no afectar a la oposición, y en deducir si existe algún tipo de responsabilidad política, al margen de las penales que investiga la justicia. Al Gobierno concierne dar explicaciones y asumir las responsabilidades que procedan por las posibles intervenciones de personas de su entorno destinadas a dar credibilidad a Gescartera a la hora de captar clientes, la supuesta negligencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el fraude hasta que éste se hizo descomunal y la posible existencia de informaciones privilegiadas a favor de algunos inversores que retiraron a tiempo su dinero.

Pero el PP ha dado muestras de no tener claros estos conceptos elementales sobre la naturaleza de la comisión puesta en marcha, quizá porque se le ha venido encima un asunto que concentra todos los ingredientes de una corrupción política de la que el PP se ha proclamado exento más allá de toda lógica y a veces contra toda evidencia. Para un partido que llegó al poder en gran medida por su discurso regeneracionista de la vida política y al que su líder ha declarado poco menos que congénitamente 'incompatible con la corrupción' resulta sin duda demasiado fuerte que un caso que apunta a un entramado de connivencias y negligencias entre lo público y lo privado haya engordado y estallado bajo su mandato.

Ello explica el clima enrarecido en que ha iniciado sus trabajos la comisión sobre Gescartera, que el PP parece concebir más para indagar al principal partido de la oposición que la actuación del Gobierno. De ahí el berenjenal en que se metió su portavoz económico en el Congreso, el diputado Vicente Martínez Pujalte, lanzando acusaciones vagas contra un anónimo diputado del PSOE, al que pondría nombre en los pasillos un portavoz del partido. Si así fuera, ¿en qué puede eximir o disminuir las eventuales responsabilidades políticas del Gobierno, centradas en las relaciones con Gescartera de la Secretaría de Estado de Hacienda, la CNMV y la ONCE, el que un diputado socialista haya podido invertir y luego desinvertir en esa agencia?

Constituye una perversión de los mecanismos de control parlamentarios pretender convertir las comisiones de investigación en una forma de exigencia actual o retrospectiva de responsabilidades a la oposición. Que el partido del Gobierno parezca no tenerlo en cuenta contribuyó en gran medida a que el acto de constitución de la comisión de investigación sobre Gescartera derivara en un rifirrafe político nada edificante, que no augura nada bueno sobre su futuro. Si alguien está obligado a preservar la seriedad y el juego limpio parlamentario exigible en estos casos es el partido en el poder, sobre el que recae la exigencia de responsabilidades políticas.