El coste para el Estado de la crisis de Sintel asciende a 30.000 millones

La resolución de la crisis de Sintel (actualmente en quiebra) asciende a un coste de 30.000 millones de pesetas para el erario público español. La plantilla, de 1.808 trabajadores, permaneció durante seis meses (del 29 de enero al 4 de agosto pasado) en pleno paseo de la Castellana de Madrid para forzar un acuerdo con el Gobierno y Telefónica que prejubilará a unos 900 trabajadores y recolocará en empresas del sector al resto.

De los 30.000 millones, 5.000 procederán del Fogasa para el abono de 10 nóminas atrasadas, y los 25.000 restantes, para el pago de prejubilaciones. El comité de empresa ya denunció la venta de Sintel por parte de Telefónica (que controlaba todo su capital), en abril de 1996, al empresario cubano-estadounidense Jorge Mas Canosa como una operación 'fraudulenta y opaca'. La empresa, que ya estaba en crisis desde hacía al menos un año, ahondó desde entonces su agonía por dos motivos fundamentales: la pérdida de competitividad por la mala gestión y el enfrentamiento abierto entre la dirección con el comité de empresa en una compañía con un índice de sindicalización del 96% de la plantilla. El Grupo MasTec intentó, sin conseguirlo, negociar un plan de viabilidad en el año 1997 que contemplaba el recorte de 1.200 empleos de los 2.000 con los que contaba entonces. La marcha de la empresa fue de mal en peor, perdiendo mercado a marchas forzadas y descapitalizándose, hasta que en junio de 2000 presenta suspensión de pagos en plena movilización de la plantilla, que dos meses después inicia una huelga indefinida que paraliza prácticamente la producción.

La empresa deja de pagar las nóminas y el pasado 29 de enero la plantilla se instala frente a la sede del Ministerio de Economía, en lo que llamaron el campamento de la esperanza, en un intento de llamar la atención de los poderes públicos y de la sociedad. El fuerte pulso sindical ha logrado finalmente su objetivo: que ningún trabajador se quede en la calle.

El informe de los interventores del pasado mes de marzo cifró el déficit en 20.000 millones de pesetas, lo que inevitablemente ha provocado la quiebra en el mes de mayo pasado en un procedimiento que se tramita actualmente. El Gobierno y Telefónica (a la que el comité acusa directamente de la crisis junto con Mas Canosa) no han tenido más remedio que negociar una salida para la plantilla.

Ahora, Telefónica se ha comprometido a recolocar en empresas del sector clientes suyas a unos 800 trabajadores en grupos pequeños y con las condiciones laborales de esas compañías.

Los obreros, que ahora se aglutinan en la Asociación para los Trabajadores de Sintel, mantendrán su unión como elemento central de su estrategia, igual que ha sucedido en los últimos meses. Además están personados en la querella que se sigue en la Fiscalía Anticorrupción por la gestión de los anteriores dueños de Sintel; entre ellos, Jorge Mas Santos.