Llagostera rechaza el convenio que propone la Generalitat para desencallar la línea de Les Gavarres
El pleno del Ayuntamiento de Llagostera rechazó ayer la propuesta de convenio elaborado por la Dirección General de Energía de la Generalitat para desencallar la polémica línea de Les Gavarres. Entesa per Llagostera, que tiene la mayoría en el consistorio, considera que no es aceptable el punto séptimo de este documento en el que el Ayuntamiento debería comprometerse a otorgar la licencia municipal para acabar la línea con su trazado actual.
El alcalde, Lluís Postigo, explicó que no se puede 'otorgar una licencia contraria al planeamiento urbanístico del pueblo'. No obstante, Postigo consideró positivo el compromiso de construir una línea alternativa que también se incluye en el documento.
El alcalde entiende que no debe conectarse la línea provisional en el actual trazado. 'Si se conecta la línea a precario no se perderá ni un solo día para acabar la línea alternativa y se acortarán mucho los plazos previstos', afirmó Postigo. En el documento se establece un periodo de entre 12 y 14 meses para la construcción de la línea alternativa.
Postigo instó a la Dirección General de Energía y a Fecsa a continuar trabajando para encontrar una solución a la línea de Les Gavarres. El alcalde dejó muy claro que el convenio que ayer se llevó al pleno no podía calificarse de 'principio de acuerdo'. 'Nuestro único compromiso era trasladar el borrador a la consideración del pleno', señaló.
El alcalde de Llagostera repasó las renuncias del consistorio durante la larga polémica de la línea eléctrica. Recordó que en principio se oponía tajantemente a su construcción, después reclamó un tendido soterrado y finalmente aceptó como mal menor un tendido aéreo distinto del que preveía la compañía. Según Postigo, la última renuncia fue detallar exactamente el trazado e incluso convencer a los propietarios para que aceptaran la línea.
Desde la Coordinadora Anti-línea de Les Gavarres, que agrupa los sectores contrarios al tendido a lo largo de todo su recorrido, se ha estimado positivo el acercamiento logrado en la negociación entre el consistorio y la compañía, aunque se advierte que las garantías de desmantelamiento de la línea no parecen suficientes. En el texto sometido ayer al pleno se fija un aval económico de 175 millones de pesetas a la empresa, cantidad en la que están presupuestadas las obras de construcción del trazado alternativo y el desmantelamiento del actual. Este aval podía ser ejecutado por la Dirección General de Energía en caso de que Fecsa incumpliese los acuerdos del convenio. Asimismo, también se preveía la creación de una comisión de trabajo para seguir el cumplimiento de los pactos descritos.
Por parte de Fecsa, la validez del convenio quedaba sometida a la aprobación de los órganos de gobierno de la empresa, que se reúnen mañana.
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