El PSC advierte que cumplir las previsiones de Homs exigiría aumentar la presión fiscal
CiU defiende el pacto de financiación autonómica alegando que el PSOE también lo asume
El debate sobre la financiación autonómica no aportó datos nuevos sobre el pacto alcanzado por el Gobierno y las comunidades autónomas el 27 de julio, como pretendían los grupos de la izquierda al promoverlo. El consejero de Economía, Francesc Homs, lo defendió como 'el mejor acuerdo posible' con las cifras ya explicadas en agosto y se escudó de nuevo en la aceptación del pacto por las comunidades gobernadas por el PSOE para rebatir las críticas de los socialistas. El portavoz del PSC, Joaquim Nadal, advirtió que para lograr los 772.000 millones de más para el quinquenio 2002-2006 que según Homs aportará el nuevo sistema, habría que aumentar la presión fiscal en el 1% del PIB.
Tanto el ecosocialista Rafael Ribó, como Nadal y el republicano Josep Lluís Carod echaron en cara a Homs la gran distancia existente entre las reivindicaciones de CiU y el Gobierno catalán antes de firmar el pacto y lo conseguido a la hora de la verdad. Atribuyeron esa distancia a la 'debilidad' del Gobierno de Jordi Pujol ante el de Aznar a causa de la dependencia de los votos del PP en el Parlament. Todos recordaron que Pujol se comprometió a conseguir una mejora de 400.000 millones de pesetas por año como única fórmula posible de reducir significativamente el déficit fiscal de Cataluña.
Homs reconoció que esta cifra no se ha logrado. Según sus cálculos, que la oposición rechazó de nuevo como meras 'figuraciones' obtenidas 'con un burdo maquillaje', la mejora para el año 2002 será de 85.000 millones, y de 229.000 para el año 2006. Pero el consejero aseguró que los 400.000 millones se alcanzarán dentro de unos años, que no precisó, sumando los ingresos de la financiación autonómica más los de las inversiones del Estado en Cataluña. Y se conseguirán, dijo, sin aumentar la presión fiscal. Nadal le había dicho que sólo será posible lograr no ya los 400.000 millones más por año, sino los 772.000 para el quinquenio 2002-2006 prometidos por Homs, si hay un aumento de la presión fiscal del 1% del PIB.
Pero si alguna cosa dejó clara el presidente del PP, Alberto Fernández Díaz, en sus intervenciones fue que de ninguna manera apoyará un incremento de la presión fiscal en Cataluña. En respuesta a esta advertencia, Homs respondió que el Gobierno catalán es partidario de 'bajar los tipos fiscales y aumentar la recaudación ensanchando la base sobre la que se recauda'. Y para ello basta con el crecimiento de la economía y la mejora de la inspección fiscal.
El recurso utilizado ayer por Homs para zafarse de las rotundas críticas de los portavoces de la oposición fue elevar la intensidad de sus contraataques. En el primer debate sobre el pacto de financiación, celebrado el 21 de agosto en la Diputación Permanente del Parlament, argumentó que el PSC no puede rechazar en Cataluña un acuerdo de financiación que ha sido aceptado por las comunidades gobernadas por el PSOE. Ayer dio un paso más y dijo que si el líder de los socialistas, Pasqual Maragall, quiere seguir rechazando este acuerdo de financiación 'ha de pedir la dimisión del primer secretario del PSC, José Montilla, porque éste lo aceptó en la reunión de la dirección del PSOE'. Eso provocó que luego Nadal le recordara que en Convergència hay voces, como la del ex secretario general, Pere Esteve, que reconocen sin ambages que la revisión de la financiación ha sido 'un mal pacto'.
Lo mismo hizo Homs respecto a Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds. Les dijo que construyen sus críticas 'desde el testimonialismo político'. Y dedicó particular atención a dejar claro que hay un 'nacionalismo que gobierna' -el suyo- y otro -el de ERC- anclado en un 'testimonialismo' estéril, que no ha aportado 'ni un solo avance' al autogobierno en los últimos 20 años.
Carod no se había mordido la lengua. Había dicho que, prisionero del PP, el Gobierno de CiU 'ya sólo es capaz de ir a Madrid para decir que sí', y que el principal fruto de la estrategia negociadora de CiU ha sido 'potenciar en España una imagen negativa de Cataluña'.
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