El Gobierno andaluz respaldará las demandas de la profesora despedida

'Campaña orquestada', 'sorprendente relevancia', 'ofensas a la Iglesia'. El obispo de Mondoñedo-Ferrol, José Gea, y el delegado de enseñanza del obispado de Almería, Antonio Rueda, dieron ayer otra vuelta de tuerca en sus lamentaciones y razonamientos para justificar el despido de la profesora Resurrección Galera por haberse casado con un divorciado. Gea, en una carta pastoral, se llega a preguntar si sería lógico que fuese profesora de religión 'quien ha abandonado la fe, o que un talibán fuese profesor de democracia'. Por su parte, la Junta de Andalucía, por boca del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, anunció que se personará en cuantas acciones judiciales emprenda la profesora para defenderse de esos ataques laborales y personales.

'Se están manejando una serie de verdades a medias, con algunas falsedades', dijo el obispado de Almería antes de afirmar que la profesora Galera, 'con sus actuaciones públicas, se ha autoexcluido para el ejercicio de la enseñanza de religión'. El obispado sostiene que en su actuación 'no se ha lesionado derecho alguno', que el caso 'se está manipulando de manera notable' y que 'incluso se está utilizando políticamente'.

Mientras los severos reproches contra la Iglesia por despedir a una profesora sólo por casarse por lo civil no paran de producirse desde todos los ángulos de la sociedad, ayer se concretaron dos iniciativas que obligarán al Estado a pronunciarse. Por una parte, el Gobierno andaluz, propietario del colegio del que ha sido despedida Galera, apoyará a ésta en cuantas acciones judiciales emprenda -'es un anacronismo que en el siglo XXI surjan este tipo de problemas', dijo el consejero Zarrías-; y, además, el Grupo Socialista registró en la Mesa del Congreso su anunciada 'Proposición no de ley para la modificación del Convenio del Estado con la Iglesia católica en materia de educación'.

'La interpretación hecha por la Conferencia Episcopal del convenio suscrito con el Estado vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución', afirma el PSOE en su propuesta parlamentaria.