La UE sancionó al Ayuntamiento por adjudicar a dedo a la empresa que edifica ahora el complejo de Velluters

Hace año y medio la Unión Europea comunicó al Ayuntamiento de Valencia la 'retirada' de 1.537 millones del Programa Pomal por adjudicar a dedo 'sin cumplir los principios de concurrencia y publicidad' seis obras de saneamiento, cuatro de cuales fueron para la empresa Necso. Esta constructora madrileña -a la que la Seguridad Social ha abierto otros seis procedimientos en Madrid, Baleares y Las Palmas entre 1999 y 2001- es la misma a la que se adjudicaron las obras del complejo científico educativo de Velluters, que la asociación de vecinos y comerciantes La Boatella denunció en julio en Bruselas 'para que se paralicen e investiguen los procedimientos de expropiación seguidos por la Generalitat y el Ayuntamiento en el entorno'.

De momento, el máximo responsable de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Política Regional advirtió el 22 de agosto, que algunas obras del centro histórico 'acusan el no respeto a la legislación española' y aconseja a los vecinos 'recurrir ante un juez nacional' cualquier supuesta irregularidad relacionada con el complejo científico educativo de Velluters. Este segundo aviso de la UE deja en el aire el destino de otros 1.661 millones procedentes del Programa Urban destinado a rehabilitaciones integrales de centros históricos para 'mejorar de forma duradera el nivel de vida de sus residentes'. Algo que según denunció ante Bruselas la asociación de vecinos y comerciantes de Velluters, que tramitó la denuncia está en duda a la vista de los propios datos oficiales. Según la documentación enviada a la UE por la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Hacienda, la superficie expropiada en el último quinquenio para ser reurbanizada se eleva a casi 90.000 metros cuadradados. Mientras, la población censada (3.861 habitantes en 1996) se ha reducido prácticamente a la mitad. Esto significa que de las cerca de 1.200 personas afectadas por la expropiación de 338 edificios de viviendas, sólo 70 familias fueron realojadas en viviendas. Estos datos, según la asociación 'suponen un grave incumplimiento de las normativas comunitarias, españolas y municipales'. Para Juan Soto, el concejal del PSPV que hizo pública la sanción de la UE en 2000, la reciente resolución 'es la constatación de que el Ayuntamiento inclumple reiteradamente las condiciones de la UE para financiar proyectos locales con fondos europeos'.