¿Hay más Gescarteras?

Al exceso de calma ha seguido la agitación. A una señal procedente de Menorca, el PP ha decidido hacer como que se pone al frente de la manifestación: la comisión parlamentaria de investigación sobre Gescartera se constituirá antes incluso del inicio oficial del periodo de sesiones, tendrá que establecer su dictamen en dos o tres meses -aún no se ha aclarado la duración- y extenderá su investigación hasta 1992; caiga quien caiga. Más vale rectificar que no hacerlo, pero resulta sospechoso tanto énfasis después de haberse opuesto a una comisión de investigación con el argumento de que ello equivaldría a dar por probadas las irregularidades que se achacan a algunos responsables públicos. Y suena algo ridícula esa astucia de remontarse justo hasta donde permita llamar a declarar a ministros de gobiernos socialistas. Como si eso hiciera más liviana la responsabilidad de quienes no reaccionaron a tiempo frente al desfalco.

Atribuir las responsabilidades penales de cada cual en ese posible delito es tarea de la justicia. Lo que corresponde al Parlamento es determinar posibles responsabilidades políticas en un asunto en el que de entrada se aprecia un sospechoso cruce entre intereses privados y actuaciones públicas. Hay indicios de que la dimensión alcanzada por el escándalo (18.000 millones evaporados) no habría sido posible sin el aval que para los estafadores supuso su proximidad personal con altos responsables políticos y sin la connivencia o incompetencia de los organismos oficiales de supervisión.

En particular será función de la comisión separar el trigo de la paja en relación a la supuesta captación de dinero negro con el gancho de las relaciones familiares de directivos de Gescartera con la Agencia Tributaria, aclarar si existió información privilegiada en favor de unos clientes a costa de otros y determinar el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores frente a las irregularidades detectadas. Para ello será necesario investigar el sentido de ciertos intercambios de regalos y otros compadreos de que han dado noticia los medios de comunicación.

Que todos o algunos de tales comportamientos puedan no ser motivo de sanción penal no significa que no deban ser conocidos por los ciudadanos y objeto de reproche político. Y el organismo adecuado para realizar esa función es el Parlamento. Porque tampoco se trata, como en su día pretendió el PP, de crear una comisión de estudio que proponga reformas legales destinadas, por ejemplo, a reforzar los mecanismos de control de las entidades de inversión; sino de averiguar por qué no funcionaron en este caso, y si es posible que haya otros Gescarteras por ahí.