Una veintena de ayuntamientos tienen impugnados sus convenios colectivos

Pedro Núñez Morgades, antecesor del actual delegado del Gobierno, ya pidió la impugnación de varios convenios colectivos en la anterior legislatura, pero los sindicatos afirman que Francisco Javier Ansuátegui ha convertido este asunto en una 'batalla encarnizada', llegando a reclamar la suspensión cautelar de algunos de los artículos de los convenios antes de que haya sentencia. Según datos de CC OO, el TSJM ha ordenado la suspensión de varios artículos -referidos a la jornada de 35 horas semanales y a las subidas salariales equivalentes al IPC- a tres ayuntamientos, los de Alcalá (176.000 habitantes y gobierno de PSOE-IU), San Fernando (30.000 habitantes y ejecutivo de IU) y Ciempozuelos (12.900 habitantes y alcalde del PP).

Alcalá asegura que acatará el auto, tras un estudio del mismo, tratando de que sea lo menos gravoso posible para los trabajadores. San Fernando dice que no puede suspender los artículos este año, porque el auto les llegó después de la aprobación de sus presupuestos municipales y que estudiarán cómo hacerlo para los presupuestos de 2002. Ambos han recurrido la suspensión.

Un estudio realizado por CC OO, UGT y CSI-CSIF asegura que los 24 convenios recurridos son prácticamente la mitad de los convenios en vigor y que afectan a 8.000 empleados, el 17 % de los trabajadores de la administración local en Madrid. Los acuerdos y convenios colectivos suelen ser una de las primeras tareas que acometen los gobiernos locales cuando toman posesión, y habitualmente suelen durar hasta final de su mandato; así, el 80% de los recurridos se extienden hasta diciembre de 2003.

Programa electoral 'Si defendemos una cosa en nuestro programa electoral, no podemos hacer la contraria donde gobernamos', afirma la alcaldesa de San Fernando, Montserrat Muñoz (IU), respecto a la jornada de 35 horas semanales. El abogado del Estado argumenta en su recurso contencioso-administrativo que supondría que se 'pusieran en práctica jornadas de trabajo inferiores a las legalmente establecidas (que es de 37,5 horas) para el resto de los funcionarios'. El ejecutivo complutense declinó hacer valoración alguna. Tampoco fue posible recabarlas de la Delegación del Gobierno, que manifestó que el delegado estaba de vacaciones.

'Los incrementos retributivos y la cláusula de revisión salarial no se ajustan a lo que disponen las leyes de Presupuestos Generales del Estado respecto de las retribuciones del personal al servicio del sector público, en el que están expresamente incluidas las corporaciones locales', dice el abogado del Estado en el recurso del convenio sanfernandino. Este Consistorio ha acordado con sus trabajadores que las subidas salariales anuales serán equivalentes al IPC. En concreto, fijan que serán de lo que marque la Ley de Presupuestos, un 2% para este año, más una 'cláusula de revisión' que cubre la diferencia con el IPC, el 4% este año.

'Los ayuntamientos somos mayores de edad. Sabemos cuál es nuestra capacidad financiera y conocemos las necesidades de nuestros ciudadanos y nuestros empleados', apunta la alcaldesa de San Fernando. 'Los ayuntamientos generan recursos económicos, no veo por qué no han de poder fijar sus subidas. El 2% es menos del IPC, suele ser así cada año, y los funcionarios vamos perdiendo poder adquisitivo', señala Alfredo González, del sector de administración local de UGT.

El abogado del Estado pidió la suspensión de estos artículos argumentando los graves prejuicios que ocasionarían si la sentencia fuese desfavorable a los trabajadores y se vieran obligados a devolver dinero u horas de trabajo. En su alegación al auto, el Ayuntamiento de San Fernando aduce que esto sería menos perjudicial para los ciudadanos que lo inverso. 'Si cuando se pidió la anulación de los acuerdos de San Fernando de 1997, de la que luego desistió el Estado, el Ayuntamiento lo hubiera hecho, tendría que haber afrontado 50 millones en atrasos', manifestó el secretario general de la federación de administraciones públicas de CC OO, Luis Mariscal. Este sindicalista asegura que hasta ahora en Madrid no se ha dado ningún caso de devoluciones.

'Considero que los recursos son una injerencia en la autonomía municipal', se queja la alcaldesa sanfernandina. CC OO, UGT y CSI-CSIF son de la misma opinión y añaden que los recursos ponen en duda la capacidad de los empleados de la administración local para negociar sus condiciones de trabajo cuando, afirman, esto es un derecho garantizado por la Constitución. Belén Sánchez (PP), edil de Personal de Alcorcón, cuyo convenio está también en los tribunales, asevera: 'Claro que los convenios colectivos se pueden negociar, pero ahí está la ley para decir los criterios por los que nos tenemos que regir; la ley es muy clara al decir hasta qué punto puede negociar la administración pública; estamos en una democracia y las leyes están para cumplirlas'. Sánchez también ha alegado la petición de impugnación, pero con 'argumentos técnicos'. Su convenio establece las 35 horas 'con carácter general, pero no de manera definitoria', dice.

Los ayuntamientos suelen tensar la cuerda a la hora de negociar los convenios, algunos han ido al pleno con indicaciones de los técnicos de que no se ajustaban a la ley. 'Para algunos gobiernos de izquierda y sindicatos, es un modo de reinvindicar, de ir afianzando puestos para colocar la cordada general a escaladas ideológicas como las 35 horas. En otros casos pesa el miedo a la huelga. O que los funcionarios locales tienen, en general, una mayor carga de trabajo; el ciudadano está ahí delante y exige', reflexiona un jefe de personal con amplia experiencia.

'No niego que pueda haber un conflicto jurídico, pero lo que queremos es establecer una línea de diálogo con las distintas administraciones para que no se produzca', dice González. CC OO, UGT y CSI-CSIF piden a la Federación Española de Municipios que inste reformas legislativas que 'refuercen y garanticen la autonomía municipal en la negociación'.