Los expedientes de multas por ruido y la 'declaración de ruina' sirven para abaratar el precio de los edificios

El gerente de la oficina Riva-Ciutat Vella, César Jiménez Alcañíz, aseguraba en mayo del año pasado, en las I Jornadas de Centros Históricos de la Comunidad Valenciana, que 'el ritmo de regeneración del centro histórico es satisfactorio, teniendo en cuenta su tamaño y la gran degradación que enfrentaba'. Jiménez Alcañiz reconoció que la creación de 'los planes especiales' constribuyeron a 'suavizar el nivel de protección otorgado al centro histórico que con la llegada de la democracia era extremado'.

En 20 años, el precio de la vivienda en el centro histórico de Valencia ha pasado de tener un valor medio de 47.420 pesetas a prácticamente triplicarse. Según los datos del Instituto Valenciano de la Vivienda, el precio oficial del metro cuadrado del Plan de Vivienda 1996/1997 está en 128.709 pesetas.

Según los empresarios de la hostelería, esto ha provocado un afán de las constructoras por hacerse con los edificios donde hay locales comerciales y de ocio en el barrio. La estrategia ha sido simultánea a la presión 'por el ruido' provocado en torno a las fachadas donde existen bares desde hace dos décadas. Según testimonios recogidos por este periódico, en los últimos dos años se ha vivido un etapa caracterizada por las denuncias por exceso de sonido de vecinos recién llegados, la diligencia policial en expedir multas y la agilidad de ciertos funcionarios del Ayuntamiento para tramitar certificados de 'declaración de ruinas' solicitadas por las constructoras, lo que ha agilizado el desalojo de propietarios, sobre todo, mayores, y la compra de edificios a precios de saldo.

Los expedientes abiertos con el número de los agentes de policía dedicados en exclusiva a sancionar ciertos locales y las copias de las 'declaraciones de ruina' promovidas por constructoras han generado un clima de desasosiego entre los vecinos y han multiplicado las denuncias por derribo de edificios con niveles de protección.

Esto sumado a ciertos escándalos recientes como por la polémica compra de un solar en Mosén Sorell, a manos de cuatro concejales del grupo de concejales del PP, algunos de ellos vinculados al Opus Dei, cuyo valor castral se ha multiplicado hoy por diez, ha puesto sobre aviso a asociaciones como La Boatella, que denuncian 'la connivencia de los poderes políticos y ciertas constructoras'. La información mercantil, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, confirma la existencia de una amplia red de empresas de construcción vinculadas a familiares del actual director general de la Policía Nacional y ex concejal, Juan Cotino, y del hermano del responsable de Urbanismo, Miguel Domínguez.