El ex diputado Óscar Alzaga medió con Camacho para resarcir a la ONCE
El ex diputado de UCD, ex presidente del PDP y catedrático de derecho constitucional, Óscar Alzaga, mantuvo una reunión con el propietario de Gescartera Antonio Rafael Camacho el pasado 10 de julio para tratar de recuperar los 540 millones (de un total de 700) invertidos por la Fundación Once en Gescartera. Según el propio Alzaga, asesor del Consejo General de la ONCE 'desde hace muchos años', la entrevista con Camacho fue consecuencia de la comunicación que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) envió a la organización de ciegos una semana antes informando de que iba a trasladar el caso Gescartera a la Fiscalía.
'La reunión apenas duró media hora', relata Alzaga, 'y en la misma exigí [a Camacho], que no rogué, la devolución de los 540 millones invertidos por la Fundación ONCE'. 'Camacho', prosigue, 'intentó dar largas. No obtuve la satisfacción que perseguía con una gestión que era necesaria antes de adoptar la decisión de interponer una querella'. 'Al día siguiente [miércoles, 11 de julio]', prosigue Alzaga, 'me llamó el abogado de Camacho [José Lozano] para explicar que el dinero de Gescartera se había perdido'. Ante esa situación, según el ex diputado, la ONCE decidió interponer una querella contra Camacho.
Presunta 'evaporación'
La presunta evaporación de más de 500 millones de la Fundación ONCE invertidos en la agencia de valores Gescartera ha supuesto un duro golpe de imagen para la organización de ciegos, que está llevando a cabo una investigación interna para desentrañar cómo, por qué y con el beneplácito de quién la organización aceptó entrar en el capital de Gescartera con un 10% de las acciones. Este hecho fue crucial, además, para que el Ministerio de Economía aprobara la conversión de Gescartera en agencia de valores.
La decisión de invertir en la compañía de Camacho, aparentemente adoptada por el director general de la Fundación ONCE, José Manuel Pichel (imputado por la juez Palacios), ha llevado a la organización a crear un comité de supervisión de inversiones que estará dirigido por el vicepresidente del Consejo General, Mario Loreto, y a examinar con lupa las relaciones que a lo largo de los años han podido mantener algunos de sus directivos con el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.
A falta de que se complete la investigación interna, los datos que maneja el encargado del caso en la ONCE son todavía escuetos. Según los mismos, la relación ONCE-Gescartera, iniciada en 1998 se mantuvo sin problemas hasta el año 2000; la cuenta de la organización de ciegos, que dedica 12.000 millones de pesetas anuales a su Fundación, la manejaba personalmente la hermana del ex secretario de Estado, Pilar Giménez-Reyna (presidenta de Gescartera) y el vicepresidente segundo de la organización, Rafael de Lorenzo, fue el encargado de negociar la devolución del dinero de la ONCE, este mismo año y antes de que saltara el escándalo, con Antonio Rafael Camacho y con Pilar-Giménez-Reyna.
