La carísima carrera de la hija del presidente

Año y medio después de haber asumido el poder en loor de multitudes, el Gobierno de Guatemala, presidido por Alfonso Portillo y dirigido desde el Parlamento por el mesiánico ex dictador Efraín Ríos Montt, se encuentra acorralado por las denuncias de corrupción. Portillo y Ríos Montt están acusados de llevar a la Administración pública a niveles de corrupción sin precedentes en un país donde, con muy escasas excepciones, el latrocinio ha sido el denominador común de los sucesivos Gobiernos.

La entrada en vigor de una reforma fiscal que, entre otros gravámenes, eleva el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 10% al 12% y castiga el consumo de bebidas alcohólicas, refrescos embotellados y cigarrillos, fue el detonante de la actual situación de descontento popular. El pasado 1 de agosto, millones de guatemaltecos salieron a las calles para manifestar su descontento con un paro a nivel nacional. Según los organizadores y la prensa independiente, el 95% del comercio guatemalteco paralizó sus actividades. No se recuerda en Guatemala una demostración tan masiva de repudio a una medida gubernamental.

El costo del curso de arquitectura de la hija de Portillo permitiría enseñar a leer a 262.000 niños, según la prensa de Guatemala

La manera irresponsable en que el Gobierno ha manejado los dineros del erario público contribuyen al creciente descontento. Por citar sólo un ejemplo, más de 1.600 millones de quetzales (unos 40.000 millones de pesetas) fueron desviados de partidas vitales para el desarrollo del país, como educación o salud pública, para intentar poner a flote dos bancos en quiebra de un amigo del presidente Portillo y principal avalista de la campaña política que lo llevó al poder. Esos fondos han sido declarados irrecuperables por el presidente de la Banca Central, Lizardo Sosa. Esto, en un país donde un maestro de escuela con 15 años de servicio apenas araña las 35.000 pesetas al mes.

La danza de millones en negocios en la que participan amigos o familiares de los jerarcas del partido en el poder es cosa de todos los días. Esta misma semana se supo que el tenebroso Estado Mayor Presidencial (EMP, entidad creada para la seguridad del gobernante que degeneró en policía política y donde, según fallo judicial, se planificó el asesinato del arzobispo Juan Gerardi) sufraga los estudios en Cambrigde (Inglaterra) de Otilia Portillo, hija mexicana del mandatario. Según la denuncia, hecha pública esta semana por el matutino local El Periódico, el coste del primer curso de la carrera de arquitectura, que la hija de Portillo iniciará en octubre, permitiría enseñar a leer y escribir en este país centroamericano a 262.000 niños.

La corrupción del riosmonttismo ha llevado al país al borde de la ingobernabilidad, al extremo de que entidades tradicionalmente antagónicas como el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF, la todopoderosa patronal) se ha unido a organizaciones sindicales y universitarias en busca de una salida dialogada a la crisis política, económica y social que castiga a Guatemala.

Al esfuerzo se han unido las iglesias católica y evangélica, quienes promueven una mesa de diálogo destinada a buscar soluciones permanentes a los problemas de Guatemala, agudizados hasta extremos increíbles tras la firma de la paz en 1996, cuyos acuerdos duermen el sueño de los justos, a pesar del discurso oficial que hace de ellos un caballo de batalla destinado a endulzar los oídos de la comunidad internacional, pero sin ningún reflejo en la dura realidad de todos los días.

Según datos de la ONU, consignados en su Informe del Desarrollo Humano 2000, el 57% de los 12 millones de guatemaltecos es pobre. De estos, un 27% sobrevive con ingresos iguales o menores a un dólar diario.

El desempleo castiga a más de las dos terceras partes de la población activa y los jóvenes conforman el mayor número de parados. La tasa de analfabetismo (30%, aproximado), es la más alta de América, sólo por detrás de Haití. Los indígenas y las mujeres son los sectores más castigados.

El movimiento sindical y popular continuó ayer sus manifestaciones tras la negativa de la Corte de Constitucionalidad de suspender el aumento del IVA, que entró en vigor el 1 de agosto. Dirigentes populares, estudiantes, amas de casa y activistas humanitarios se manifestaron por las principales calles y avenidas de la capital en solidaridad con los siete estudiantes que desde el pasado 8 de agosto mantienen una huelga de hambre en rechazo al aumento de los impuestos.