Presente frustrado y futuro incierto de la universidad andaluza

No son el conocimiento, el rigor y la seriedad virtudes que adornan el artículo que el secretario de Educación, Universidades e Investigación del PSOE de Andalucía, don Antonio Fernández Poyato, firmaba en días pasados en las páginas de este periódico, manteniendo la línea de dar caña como sea a la política educativa del Partido Popular en materia universitaria. Conocimiento, rigor y seriedad que se han de exigir a este reponsable político, sobre todo si al título tan importante y rimbombamte que ostenta el susodicho en su partido, le hemos de sumar, por obra y gracia de su militancia política y de don Manuel Chaves, el de haber sido presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

Hace ya muchísimo tiempo que el discurso del Partido Socialista de Andalucía en materia universitaria es sólo eso: discurso hipócrita, retórica barata . Los socialistas se presentan ante la sociedad como los adalides de la solidaridad, como los defensores del sistema público, como los luchadores contra las desigualdades. Pero la realidad es otra bien distinta. Las universidades públicas andaluzas viven hoy de milagro, porque no podemos calificar de otra forma la situación extrema que padecen. Después de 15 años de competencias plenas y de responsabilidades absolutas de los gobiernos socialistas, nuestro sistema universitario se caracteriza por la insuficiencia financiera, la discriminación y la desigualdad en el reparto de los fondos públicos, los incumplimientos en materia de inversiones, el endeudamiento, la tasa importantísima de fracaso universitario, la desordenada y atrofiada oferta de titulaciones y un sinfín de problemas estructurales que ha provocado que nuestras universidades estén situadas en el furgón de cola del tren nacional y a años luz de los parámetros europeos.

Esta situación de precariedad, de prestación de un servicio público prioritario como es el universitario en condiciones absolutamente mediocres, tiene un responsable directo desde los ámbitos jurídicos y políticos: el Gobierno andaluz. La Ley andaluza 1/1992 de Coordinación del Sistema Universitario Andaluz determina que la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía es la responsable de la coordinación del sistema y principal agente financiador de la actividad universitaria. En su título IV sobre Financiación establece que 'las subvenciones anuales correspondientes a cada universidad pública serán las que se consignen en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la Programación Universitaria', programación que ha de prever, según el artículo 8.2 de la citada Ley, 'prioritariamente la evaluación de la demanda de estudios superiores y la distribución geográfica en Andalucía, las necesidades de implantación de centros, de infraestructuras y servicios, así como los medios personales y materiales que garanticen la calidad de la enseñanza e investigación univeristaria'. Por tanto, las necesidades financieras de las universidades están de lleno ubicadas en la responsabilidad y competencia del gobierno autonómico. Por eso la Ley de Universidad presentada por el PP sólo se hace cargo de las figuras o instituciones que aparecen como novedad en el texto legislativo: la habilitación del profesorado y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación.

Los únicos que irresponsablemente han realizado propuestas educativas a coste cero han sido los socialistas: en España, promulgando una LOGSE sin recursos financieros y cuya aplicación sí ha recaído íntegramente sobre las arcas autonómicas, y en Andalucía, implantando titulaciones universitarias a mansalva sin un peseta adicional. ¡Eso es cinismo, señor Fernández Poyato!

Pero son las razones políticas las que mejor pueden explicar la precaria situación del sistema universitario andaluz. Ni la Educación en general, ni la Universidad en particular han sido una prioridad para los gobiernos del presidente Chaves: hay un abismo insalvable entre los compromisos y los programas electorales, por un lado, y las realidades presupuestarias que año tras año presenta la Consejería de Educación, por otro. La Educación en Andalucía ha perdido peso presupuestario, pasando del 25,5% el año 1991, al 21,73% en el año 2.000, y las inversiones educativas, la suma de los capítulos 6 y 7, en 1994 fueron de 38.451 millones y en el año 2000 sólo alcanzaron los 32.733 millones, hecho inconcebible si se tiene en cuenta las numerosísimas inversiones necesarias para la correcta implantación de la LOGSE y la imperiosa necesidad de infraestructuras universitarias para la docencia y la investigación. Este obstáculo financiero ha sido superado gracias a la ayuda inestimable de las universidades y de los ayuntamientos que, endeudándose aún más, han asumido las responsabilidades que otros no supieron administrar. (señor Fernández Poyato: en Andalucía legisla la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno de Chaves, pero pagan los ayuntamientos). En 1991 los programas universitarios representaban el 3,8% del presupuesto andaluz, en el año 2000 esta participiación se ha reducido al 3,3%. La financiación pública por alumno empieza en las 243.954 pesetas para un alumno de Almería, pasa por las 265.235 pesetas para un alumno de Málaga, y se sitúa, como valor más elevado, en las 406.425 pesetas para un alumno de Córdoba. He ahí todo un ejemplo de desequilibrio interno, agravio institucional, discriminación y divergencia entre andaluces. Por último, en esta retahila de cifras y datos, sí quisiera resaltar que en el dictamen del Grupo de Trabajo constituido en el Parlamento andaluz para analizar la situación de la Universidad andaluza se pide un compromiso financiero en torno al 1,5% del PIB andaluz, pero se incluye en el mismo, además de la financiación universitaria, la financiación de la Formación Profesional de Ciclo Superior y los recursos financieros privados obtenidos por las Universidades, obteniéndose como resultado que el volumen de recursos públicos aportados a la Universidad andaluza realmente sólo alcanzará el 1% del PIB. Una tomadura de pelo de tal calibre no podía contar con el voto afirmativo del Partido Popular.

Por todas estas razones no entiendo a quienes, como el señor Fernández Poyato, vienen a darnos -con las manos manchadas, la virginidad política perdida y con los mismos latiguillos de siempre- lecciones sobre modelos o leyes, salvo que se padezca de una cara muy dura, la memoria muy frágil o un sentimiento de bronca permanente con el gobierno de Madrid que les atrofia las neuronas. Todo ello porque doña Pilar del Castillo ha tenido la feliz idea de transformar el sistema educativo desde la raíz hasta la copa, como es urgente, justo y necesario, para que los ciudadanos tengan un servicio educativo de calidad acorde con sus intereses y exigencias. A ello obedece la Reforma Universitaria impulsada por el Partido Popular.

Rafael Salas Machuca es diputado del Partido Popular por Sevilla.