Los ayuntamientos podrán sancionar en materia de consumo en 2002

Después de un año de retraso debido a la complicada situación política que vivió el Gobierno vasco durante la pasada legislatura, los ayuntamientos de Euskadi por fin podrán tener la responsabilidad de la inspección, vigilancia y sanción en materia de consumo. El Gobierno vasco mantendrá las competencias, pero delegará en los municipios que lo soliciten para que así puedan crear sus propios departamentos de consumo y hacer un seguimiento más próximo que mejore el control.

Las corporaciones locales tendrán facultades para desarrollar sus propias campañas de inspección e imponer sanciones leves, de hasta 500.000 pesetas y graves, hasta 2,5 millones de pesetas. Aunque hasta el día de hoy la atención en los municipios se estaba resolviendo gracias a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y un sistema informático de la Dirección de Consumo que permitía centralizar denuncias y sugerencias, la nueva regulación otorga a las corporaciones que lo deseen plena capacidad de decisión y acción en esta materia.

A día de hoy existen 34 OMIC en los municipios de más de 15.000 habitantes y en los pequeños existen oficinas mancomunadas, hasta el punto de que estas oficinas se encuentran próximas al 70% de la población vasca.

Tramitación

Portavoces de los ayuntamientos de San Sebastián y de Vitoria urgieron ayer a la Administración a que no demore más el proyecto de ley y calificaron de necesario que para 2002 el texto sea una realidad vigente para poder planificar las campañas de inspección de todo el año. El proyecto de ley entrará en el Parlamento vasco a lo largo del cuatro trimestre de este año, con la previsión de que pueda ser aprobado antes de final de año.

El director de Consumo, Rodrigo García Azurmendi calificó ayer en declaraciones a este periódico de 'prioridad' la aprobación de la ley, un texto que sustituirá al ya 'obsoleto' Estatuto de los Consumidores de 1981, y que además adecúa la normativa a los criterios y pautas que marca la UE, 'con el objetivo prioritario de potenciar la seguridad y la protección de los consumidores y usuarios.

Coordinación

La delegación de funciones a los ayuntamientos vascos que lo soliciten será completada con una Comisión Coordinadora de Consumo que sentará en torno a una mesa y con frecuente periodicidad a todas las instituciones que trabajan en este sector.

Mientras tanto, el departamento ha gastado en lo que va de año 116 millones en subvenciones para el mantenimiento de las OMIC y para la puesta en marcha de nuevas. También está plenamente operativa la intranet que facilita el tránsito de información entre oficinas.

La única traba que podría haber para la aprobación del texto en las fechas previstas, -el proyecto de ley se encuentra en la última fase de legalización en los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico-, es que el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se complique más de lo necesario, aunque tras las elecciones del 13-M la mayoría de que disponen PNV y EA, 33 diputados, no hace prever una tramitación excesivamente complicada.

Frenazo

En agosto del pasado año, el proyecto de estatuto estaba prácticamente en la misma situación que hoy, preparado para iniciar el trámite legislativo. Sin embargo, en septiembre EH oficializó el abandono de la cámara, y PNV y EA se quedaron en minoría. El texto tuvo que esperar en un cajón.

El anteproyecto de ley pasó el pasado año por el trámite de alegaciones entre las asociaciones de comerciantes, consumidores, hosteleros, Cámaras de Comercio, sindicatos y por todos los departamentos del Gobierno. Para Rodrigo García ha sido elaborado teniendo en cuenta las opiniones de una gran mayoría de los sectores afectados por lo que espera que sea aprobada con un amplio acuerdo parlamentario.