El Gobierno central legisla y las autonomías pagan

Hace unos meses, mientras el PP-A reclamaba a la Junta de Andalucía un mayor esfuerzo financiero hacia las universidades, Aznar anunció que este año 2001 verá unas reformas profundas del sistema educativo español, pero añadió a continuación que estas reformas habrán de medirse 'en términos de resultados y no por el volumen de recursos empleados'.

¿Qué quería decir con esto? Pues que los afanes reformistas del PP no van a ir acompañados de un incremento de los recursos destinados a educación. Como en tantas ocasiones, el marketing político de los populares no va a encontrar reflejo en los presupuestos. Una vez más, el PP reclama sin cesar más recursos desde la oposición, como es el caso de Andalucía, pero no los compromete desde el Gobierno.

La Ley Orgánica de la Universidad presentada por el Ministerio confirma la intención de Aznar, pues no contempla, y mucho menos resuelve, las necesidades financieras del sistema público de universidades. A día de hoy, aún no sabemos cómo se financiará la habilitación del profesorado, ni la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ni tampoco los Programas Estatales de Calidad. A cambio, sí sabemos que dicha ley introduce un claro debilitamiento del sistema público y un evidente fortalecimiento del privado. A modo de ejemplo, las universidades privadas serán incluidas en el Consejo de Coordinación Universitaria, y tendrán voz y voto a la hora de decidir cuestiones fundamentales para la universidad pública como el modelo de financiación o la selección de alumnos. De este modo, las privadas podrán ejercer una influencia determinante en el servicio público que vienen prestando las universidades. Así se conseguirá que las únicas universidades verdaderamente 'autónomas' serán las privadas.

Por supuesto, tampoco existe en el anteproyecto compromiso alguno para la mejora del sistema de becas y ayudas al estudio. Algo que no debe sorprender a nadie que conozca la política educativa que sigue el PP, entre cuyos logros figura que el porcentaje actual de universitarios con beca sea el más bajo de los últimos 15 años, situándose en el 14,22%, habiéndose reducido en más de 3.500 millones de pesetas el presupuesto del Gobierno para becas y ayudas. Por cierto, que en el curso 1995-96 (el último con Gobierno socialista) fue el más alto de este periodo y superó el 20%. En este caso, la herencia recibida no fue del todo mala, y sin embargo, desde que el PP gobierna en España, el porcentaje de alumnos con beca ha bajado un 5,83%, un retroceso que quiebra la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Como todos sabemos, es imposible hacer una reforma a coste cero. Salvo, claro está, que sean otros los que paguen. Y este parece ser el modelo acuñado por el Gobierno de José María Aznar, sustentado en una lógica tan sencilla como perversa: Yo, Gobierno central, legislo; y tú, Gobierno autonómico, pagas. Produce cierto rubor insistir en estas cuestiones, pero un Gobierno responsable no debe tomar decisiones que afectan a otras administraciones, como las CCAA, sin prever la correspondiente dotación económica para sufragar el gasto adicional que generará esta ley.

Los socialistas andaluces creemos que hay que tener un mayor respeto a la realidad del Estado de las Autonomías y a las competencias de esta Comunidad Autónoma, cuyo Parlamento acaba de aprobar un dictamen que supone un claro avance para el sistema universitario andaluz, ya que trata de equilibrar la oferta universitaria a la demanda social y a nuestro tejido empresarial, aplicando un enfoque más regional e integrado con el resto del sistema educativo. El documento, aprobado por todos los grupos parlamentarios con la abstención del PP-A, señala que la enseñanza superior es uno de los elementos básicos en el diseño de las estrategias de desarrollo económico y social de Andalucía, e insiste la necesidad de garantizar la eficiencia de los recursos públicos invertidos en la Universidad, estableciendo mecanismos que garanticen el control por la sociedad de dicha eficiencia y la evaluación permanente de la calidad. Asimismo, incluye un compromiso inversor con un claro objetivo financiero: destinar el 1,5% del PIB andaluz para educación superior en un plazo de seis años (hoy es el 0,8%), lo que significará un cuantioso incremento y demuestra la apuesta de este Gobierno y de los socialistas por la educación, concebida como un servicio público de carácter estratégico.

Así, frente a un Gobierno central que no dialoga, el Gobierno de Andalucía dialoga con la comunidad universitaria, promueve el debate parlamentario, adquiere un compromiso con el carácter público de la educación superior, mantiene su esfuerzo inversor en educación y sigue trabajando para alcanzar un consenso en la búsqueda de la excelencia, como en su día lo hubo para conseguir la proximidad del sistema universitario andaluz.

Los socialistas vamos a mantener nuestro compromiso con la defensa del sistema público de universidades, y con la universidad pública, porque no se puede privatizar el conocimiento, mucho menos ahora, cuando el conocimiento y la educación son más importantes que los medios de producción o que la propiedad de la tierra, que antes establecían la división entre ricos y pobres. En la moderna sociedad del conocimiento, la mejor manera de luchar contra la desigualdad de los niveles de renta interterritoriales, de forma sostenible, es hacer una apuesta decidida por la educación como motor del desarrollo, relacionando el problema de la instrucción, de la formación, con el del impulso de la productividad y el del aumento del empleo.

Estamos viendo cómo en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, el reto es rehacer los servicios públicos. En España, el reto es mantener, con las mejoras y adaptaciones que sean necesarias, el servicio público de educación superior que ha permitido que hoy tengamos, tras dieciocho años de vigencia de la LRU, las generaciones mejor preparadas de la historia de España, el país de la OCDE con un crecimiento más rápido en el número de graduados universitarios entre 1989 y 1996.

Antonio Fernández Poyato es secretario de Educación, Universidades e Investigación del PSOE de Andalucía