La oposición critica con dureza a Rajoy por permitir una manifestación xenófoba

La decisión de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca de no prohibir un acto contra los inmigrantes de Democracia Nacional, un grupo de extrema derecha, provocó ayer 'sorpresa e indignación' entre los grupos de la oposición. Mientras desde el Ministerio del Interior aseguraban que había sido una decisión 'autónoma' de las autoridades provinciales, con la que los responsables del ministerio no estaban muy de acuerdo, la oposición exigía responsabilidades al ministro, Mariano Rajoy.

Los socialistas presentaron ayer dos iniciativas sobre este asunto. La primera, en el Congreso de los Diputados para que el responsable de Interior acuda 'urgentemente' a explicar por qué no se ha impedido la concentración 'de carácter claramente racista', convocada bajo el lema 'Los españoles primero ¡Alto a la invasión!'. La segunda, con retraso, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para intentar que este órgano impidiera la concentración.

Esta segunda iniciativa llegó tarde, como admitió el portavoz de los socialistas, Jesús Caldera,ya que el acto se llevó a cabo, pero el PSOE espera que sirva para 'sentar un precedente jurídico' que impida que en adelante se permitan convocatorias como ésta en el futuro.

En la concentración, muy poco concurrida -acudieron sólo 150 vecinos, la mayoría de los cuales no secundaron las proclamas xenófobas de los miembros de Democracia Nacional-, se pidió la expulsión de los inmigrantes irregulares.

Caldera aseguró que la actitud de la Subdelegación del Gobierno 'es un grave error que compromete el talante' de Rajoy, ya que ha permitido una manifestación 'claramente racista y por tanto contraria a la Constitución y al Código Penal'. Los socialistas piden además la destitución del subdelegado en Cuenca, Manuel Horrillo.

Directriz clara

También el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista José Bono, expresó su preocupación por la decisión de los representantes del Gobierno central de autorizar esta concentración de neofascistas.

Mientras, desde Convergència i Unió, Carles Campuzano aseguraba que 'hay que ser muy duros con los grupos racistas minoritarios', como Democracia Nacional, porque sus proclamas, expresadas en zonas donde la sensibilidad con la inmigración es mayor por la fuerte presencia de extranjeros, pueden ser el 'caldo de cultivo' para expresiones de racismo como las que se vivió el año pasado en El Ejido (Almería).

Campuzano se mostró sorprendido por que las autoridades no hubieran impedido la concentración, y exigió al Ministerio del Interior que 'marque una directriz muy clara' para prohibir siempre este tipo de actos, sin que quede ningún margen para la interpretación de un responsable local como el subdelegado del Gobierno. Todos los representantes de la oposición recordaron que un acto similar había sido prohibido en abril por la Delegación del Gobierno de Murcia.

Izquierda Unida también lanzó duras acusaciones contra los responsables de Interior. Su actuación, según Gaspar Llamazares, coordinador general de la coalición, sólo puede entenderse como un respaldo pasivo a esta exaltación del racismo y la xenofobia de una grupo neonazi'. IU ligó esta decisión con la negativa a autorizar una marcha antiglobalización.

'No entendemos que desde la Delegación del Gobierno en Madrid se prohíba e ilegalice una manifestación democrática y pacífica contra los sucesos de Génova y la globalización y desde la propia administración del PP se autoricen concentraciones nazis, xenófobas, racistas y fascistas que incitan claramente a la violencia y están al margen de la democracia y la Constitución', aseguró Llamazares.

En privado, responsables de Interior se mostraban contrarios a la decisión del subdelegado. Pero en declaraciones públicas, el secretario de Estado para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, aseguró que la manifestación no se podía prohibir porque 'cumple las exigencias de la ley'. Aun así, el responsable de la política inmigratoria explicó que cualquier actitud racista es 'indeseable' y que, por tanto, tendrá siempre enfrente al Ejecutivo.

Probablemente, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, aproveche la reunión de hoy con el consejero vasco, Javier Balza, para condenar el acto racista de ayer en Las Pedroñeras, según aseguraron desde el ministerio.