Últimos papeles
Miles de inmigrantes se agolparon ayer ante las oficinas de extranjería para acogerse a la última regularización que les ofrecía el Gobierno. En las sucesivas regularizaciones extraordinarias habidas en el último año y medio, no reconocidas como tales por el Ejecutivo, se calcula que unos 200.000 inmigrantes extracomunitarios han conseguido la legalidad. Bien es cierto que una parte considerable corresponde a la regularización prevista en la anterior Ley de Extranjería y que el resto ha sido repescado por ulteriores decisiones de las autoridades de inmigración. La entrada en vigor, hoy, del reglamento de la actual Ley de Extranjería pone fin a la última regularización de carácter extraordinario: la puesta en marcha hace tres meses por motivos de arraigo para quienes demostraran estar en España antes del 23 de enero de este año.
El reglamento que entra hoy en vigor cierra, pues, un periodo convulso y errático en el que han estado vigentes dos leyes de extranjería presentadas por el Gobierno como antitéticas. El Ejecutivo tuvo que desistir, como amagó a la entrada en vigor de la actual ley, el 23 de enero, de la expulsión masiva de los miles de inmigrantes sin papeles que quedaban entonces por regularizar. Y, lógicamente, tuvo que echarse atrás de su inicial y pregonado propósito de no proceder a más regularizaciones. No puede decirse que la gestión de la actual Ley de Extranjería, hecha a medida y conforme a los designios del Gobierno, haya sido un dechado de eficacia hasta el momento. Como muestra de la irracionalidad y del desbarajuste queda la ocurrencia de su delegado de Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, de hacer viajar a su país a unos 25.000 ecuatorianos para luego retornar a España con los papeles en regla.
Con la entrada en vigor del reglamento de la Ley de Extranjería quedan fijadas 'las reglas de juego' que regirán la inmigración en España. Reglas muy estrictas para el inmigrante irregular. La única vía que le queda abierta es la regularización por motivos de arraigo si logra acreditar la permanencia continuada en España durante tres años, está potencial o realmente incorporado al mercado de trabajo y tiene algún vínculo familiar en el país. Fernández-Miranda ha vuelto a profetizar que no habrá más regularizaciones extraordinarias. Pero, dados los antecedentes, no hay razones para pensar que esta vez acertará. La espita que abre el reglamento a la inmigración irregular sí puede evitar que ésta llegue a convertirse en un polvorín. Un efecto positivo del reglamento es que sirva para poner un poco de orden en la caótica política migratoria practicada por el Gobierno desde la entrada en vigor de su Ley de Extranjería.
