Mal comienzo

El Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Universidades, culminando así la primera etapa de elaboración de la nueva ley, cuya tramitación parlamentaria se iniciará después del verano. Pocas personas de la comunidad universitaria o de las interesadas por la Universidad negarán la necesidad de reformar una legislación que data de 1983 y que resulta ya inadecuada para regular un ámbito que ha experimentado cambios profundos.

El momento era, pues, óptimo; pero una torpe gestión de los preliminares del debate ha hecho que una parte significativa de los universitarios, incluidos los rectores, se sitúe en contra del nuevo texto. Las descripciones genéricas sobre lo que iba a ser la ley suscitaron la esperanza de que podría llegarse a un consenso beneficioso para la institución. Pero la falta de discusión sobre textos articulados, la urgencia de los plazos, el mantenimiento de contenidos discutibles y la aparición a última hora de disposiciones transitorias que acabaron de consolidar la desconfianza, han dañado el clima en el que va a desarrollarse el resto del proceso. El Ministerio ha desaprovechado incluso las sugerencias del Consejo de Estado, que iban en el sentido de prevenir potenciales desaguisados, y ha preferido mantenerse en sus trece.

En particular, la obligada dimisión / destitución de todos los rectores y claustros tras la aprobación de la ley no parece la mejor medida. Primero, porque perturba innecesariamente el normal desarrollo de la vida y las instituciones universitarias, y después porque implica cierta deslegitimación de las actuales autoridades académicas y una virtual proclamación de incapacidad para conducir el proceso de reforma, cuando una de las misiones de los actuales claustros es, por mandato legal, la reforma de los Estatutos.

Sin embargo, el proyecto de Ley de Universidades pone en manos de las Juntas de Gobierno, constituidas también con arreglo a la actual legislación, la elaboración de la normativa para elegir rector y claustro, con el agravante de que ésta es provisional, ya que los nuevos claustros habrán de fijar la definitiva. Parecería más sensato que fueran los actuales órganos académicos, con indiscutible legitimidad, los que adaptaran de forma definitiva los Estatutos, y que una vez completado este proceso, se abriera un periodo electoral de acuerdo con las nuevas normas.

En este aspecto, como en otros importantes que contempla el proyecto, y cuyo mantenimiento podría acarrear consecuencias graves, hay todavía tiempo para que las Cámaras tomen en consideración las opiniones razonables de la comunidad universitaria y la sociedad e introduzcan los cambios pertinentes.