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Reportaje:

La revolución fiscal mexicana naufraga

El Congreso bloquea el proyecto más ambicioso del mandato del presidente Vicente Fox porque extiende el IVA a los alimentos y las medicinas

Juan Jesús Aznárez

Empeñado en la reforma fiscal más profunda nunca abordada en México, pero sin mayoría parlamentaria para conseguir su aprobación, el presidente, Vicente Fox, compareció el primero de mayo ante una concentración de sindicalistas, y el careo sostenido con el coro obrero demostró que todavía es una quimera una revolución distributiva en México. El Congreso reanuda en septiembre el debate sobre la meta más ambiciosa del empresario investido presidente en diciembre del 2000: una transformación tributaria que multiplique los ingresos estatales y alivie la pobreza padecida por más del 40% de los cien millones de mexicanos.

El choque de mayo prosiguió en otros escenarios, y la oposición de izquierdas defiende que en lugar de gravar a los pobres se grave a los ricos sin piedad. 'Si lo hacemos nos tumban el Gobierno', admitía en privado un ministro. '¡IVA, no!, ¡IVA, no!', le gritaron a Fox. 'Estamos avanzando...', respondió el jefe de Gobierno. '¡No, no, no!'; 'Se han creado 150.000 puestos de trabajo...'; '¿Dónde están?'; 'La inflación está bajando', '¿Dónde, dónde?'; 'no permitiremos que la inflación se coma el salario', '¡ya se lo comió, ya se lo comió!'. '¡Fox, regrésate a tu pueblo, allá si puedes ordeñar!', le espetó un manifestante cuando el presidente trataba de explicar que la propuesta enviada al Congreso, actualmente bloqueada, quiere beneficiar a los 40 millones de compatriotas en la pobreza, evitar una evasión fiscal superior al 60%, y sumar 14.000 millones de dólares (2,8 billones de pesetas) anuales a las arcas públicas, una cantidad equivalente al 2,2% del PIB.

El ministerio de Hacienda registra 3,12 millones de empresas económicas de todo tipo, y sólo la sexta parte, 506.000 paga impuestos. De hecho, de los 40 millones de mexicanos que integran la población económicamente activa, únicamente cumplen con el fisco 15 millones, de acuerdo con las estadísticas disponibles

Con un IVA del 15% a la vanidad de los mexicanos pudientes, ejemplificó el ministro de Salud, esto es a los crecepelos, a las cremas contra las arrugas o la manteca sobrante, al viagra prescindible, o a los anabolizantes para marcar paquete, podría alimentarse a todos los niños indígenas menores de dos años y al 70% de las mujeres lactantes. Lamentablemente para el jefe del Estado, es casi un clamor la oposición a la reforma porque el activismo destaca en ella ese IVA del 15% a los alimentos, medicinas, excluidos aquellos de administración más frecuentes, y a los libros, hasta ahora exentos.

El objetivo es apretar a la clase media y a los multimillonarios tramposos, pero la opinión pública desearía antes el ingreso en prisión de los nacionales reos de robo a destajo, culpables, en buena medida, de la actual postración financiera. Todos siguen libres. La equidad ambicionada por la nueva tributación mina, poco a poco, la alta popularidad del presidente, que recibe fuego graneado, y parece condenada al fracaso en sus actuales términos. El Congreso está dividido en tercios. El gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN), conservador, contrario al 15% de la discordia, tiene 207 diputados en una Cámara de 500, y 46 senadores en una Cámara de 128. México no desaparecerá si la reforma fracasa, subraya el Gobierno, pero languidecerá durante muchos años sumido en la mediocridad y el subdesarrollo.

La correlación entre sistema fiscal y desarrollo es directa, y ese aspecto apenas se cuestiona. 'Lo que si es cuestionable es que el costo de esta medida recaiga sobre los actuales contribuyentes cautivos, y que no se amplíe la base gravable -opina Ricardo Monreal, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), izquierda, y gobernador de Zacatecas-, que no se profundicen medidas contra la impunidad de los grandes evasores y contrabandistas, que no se vaya a fondo en el combate contra la corrupción y a favor de la rendición de cuentas'. Es decir, agregan otros, que se promueva esencialmente la recaudación y no una redistribución efectiva y una nueva cultura fiscal.

No desconocía el gobernante, de 59 años, que el empeño por ampliar la base tributaria iba a resultar arduo. En su biografía política Fox a Los Pinos (residencia de los presidentes mexicanos) escribió: 'Hoy nadie quiere pagar impuestos porque ve el triste destino que éstos tienen; somos testigos de cómo los políticos se los roban y se enriquecen a costa de nuestro esfuerzo'. Tras derrotar el 2 de julio del pasado año la hegemonía de 71 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió acabar con el saqueo e implantar la justicia distributiva. Salvas a la bandera, según sus detractores, porque los compromisos de Fox con los grandes hombres de negocios que le apoyaron en campaña reduce su margen de maniobra.

'En México hemos desarrollado un profundo recelo hacia el Gobierno, mucho más agudo que en otros países', dice el analista José Antonio Crespo, 'debido a una ancestral corrupción pública, el tortuguismo, y la ineficiencia de la burocracia'. El primer periodo ordinario de sesiones del Congreso concluyó sin acuerdo entre las fuerzas políticas sobre el perfil del nuevo sistema tributario, de una reforma que es compleja y ambiciosa y presenta 17 aspectos sustantivos, entre ellos reducir la tasa máxima del Impuesto sobre la Renta del 40% al 32%. Otros buscan fomentar la inversión, simplificar la declaración y estimular la prosperidad de quienes se pongan al día con Hacienda.

La gran mayoría de los economistas apoya la reforma, pero el caballo de batalla político es el IVA a los alimentos, medicinas y libros, y las garantías dadas por la administración de que les será reembolsado a los pobres con creces (110 pesos al mes, unas 2.000 pesetas) no convencen. En la cultura de la evasión -sólo los bancos deben al fisco cerca de 5.000 millones de dólares, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)-, la tributación escuece. Los ingresos de la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), determinados por las oscilaciones del precio del crudo en los mercados internacionales, representan una tercera parte de los ingresos totales de México, y las arcas públicas recaudan únicamente el 11% del PIB, contra el 20% de Brasil y cerca del 40% en Europa occidental.

Sin nuevos ingresos no podrán acometerse los deseados programas sociales, reitera el Gobierno, empeñado en convencer de que el gravamen a los artículos de primera necesidad es justo porque su actual exención significa un ahorro de 1.000 pesos para los mexicanos de mayores ingresos mensuales y de sólo 30 pesos a los de menores recursos.

Mediante la generalización del IVA y otras medidas, el Gobierno pretende consolidar el crecimiento económico, estabilizar las finanzas, pagar deudas y acabar con las recurrentes crisis causadas por abultadísimos déficit fiscales. El fuerte déficit disparó los tipos de interés y dificulta desde hace años el acceso al crédito de la empresa privada, y consecuentemente, bloquea el desarrollo nacional.

'Si no hay una reforma fiscal, el programa de Gobierno de Fox no tiene viabilidad', sostiene Pablo Alvárez-Icaza, jefe de estudios económicos de la consultora Bursamétrica Management. De aprobarse la reforma, México lograría mejores calificaciones en los grados de inversión impartidos por las calificadoras internacionales de riesgo. Ahora bien, el coste político derivado de los nuevos impuestos es evidente, y tampoco el PRI, la primera minoría en el Congreso con 210 diputados y 60 senadores, parece dispuesto a asumirlo. El coordinador del Senado, Enrique Jackson, considera que la reforma contiene propuestas que atentan contra la economía familiar, al afectar no sólo a medicinas, alimentos y libros, sino también a bonos de despensa, transporte y vacaciones, entre otros apartados. 'Ni en el peor momento de la crisis económica (la catástrofe financiera de 1995) fuimos capaces de gravar' este tipo de productos. El partido que fue régimen durante siete decenios elevó en 1995 del 10% al 15% determinados artículos, sin afectar a los de primera necesidad.

Fox prometió afectarlos 'sin fregar (perjudicar) a los pobres'. '¡No al IVA!', le salió el paso recientemente una treintena de mujeres. El presidente reiteró que el grávamen conviene a México. No le creyeron, y Fox se despidió amargo: 'Si no me creen, entonces no nos entenderemos nunca'.

El desafío: gravar el consumo

Los bienes de consumo que el Gobierno quiere gravar corresponden a casi un 40% de las compras efectuadas por las familias de bajos ingresos en un país donde aproximadamente 15 millones de ciudadanos viven con menos de un dólar diario, según diversos cálculos. 'Se está hablando de quitarles dinero a los mexicanos promedio. Ese será su mayor desafío', estimó Edna Jaime, analista del Centro para la Investigación y el Desarrollo, un organismo de análisis político. Para el coordinador presidencial de políticas económicas, Eduardo Sojo, las consecuencia del rechazo de la reforma son claras: 'provocaría la evasión fiscal, práctica que le pega a los más pobres porque son los que más beneficios recibirían del gasto público'. El jefe de Gobierno prometió a los empresarios agilizar los trámites gubernamentales, reducir los impuestos corporativos y permitir mayores deducciones en las inversiones comerciales. Ofreció, asimismo, más préstamos a las pequeñas empresas, y al comercio informal que regularice su situación, y más gastos para la educación y la salud de los indigentes. A Fox le asiste toda la razón para buscar nuevos ingresos. Casi el 90% del presupuesto nacional está comprometido por la servidumbre de la deuda externa e interna. La primera alcanzó a fines del pasado año los 76.000 millones de dólares, un 7,4% menos que en 1999. La segunda aumentó hasta los 63.000 millones de dólares, un 33,4% más que el año anterior. La deuda total de México asciende pues a poco más de 139.000 millones de dólares, casi el 25% del PIB del 2000. Ese monto no incluye las deudas de los llamados Pidiregas (proyectos de inversión diferida con cargo a gastos) y los pasivos del IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario), el organismo oficial que administra la servidumbre de los 65.000 millones de dólares volcados en el rescate financiero de 1995. Estos dos últimos conceptos agregan cerca de 90.000 millones de dólares más en débitos.

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