Los nigerianos repatriados a Lagos fueron extorsionados, según Médicos Sin Fronteras

El informe hace un 'retrato robot' de las repatriaciones: 'El avión fletado por el Gobierno español para ejecutarlas llega de madrugada a Lagos. Una representación de la Embajada española hace entrega oficial de los expulsados a las autoridades locales (parece ser que a la policía de inmigración), que los traslada en un autocar bajo control policial al centro de detenidos de Alagbon Close, situado al lado de las dependencias de las autoridades de inmigración y próximo a las oficinas federales del Gobierno'.

El texto describe Alagbon Close como 'un recinto muy peculiar' y cuenta que 'el simple hecho de mencionar su nombre produce temor a la población'. 'No es exactamente una prisión. Sería más apropiado hablar de centro de interrogatorios. Allí son trasladados detenidos relacionados con el comercio sexual, el narcotráfico y los delitos financieros'. MSF razona que el internamiento de los repatriados allí tendría sentido si se tratara de personas que hubieran cometido crímenes en el extranjero, 'pero no en el caso de inmigrantes indocumentados que son trasladados [a ese centro] en bloque, independientemente de si delinquieron en España o no'.

La estancia de los inmigrantes repatriados en Alagbon Close osciló entre dos y siete días, siempre según el informe. Sólo pudieron recuperar su libertad tras pagar importantes cantidades de dinero 'por conceptos totalmente oscuros y que no eran más que sobornos a los funcionarios'. Para dar visos de legalidad al internamiento, éstos últimos utilizaron argumentos como que los inmigrantes habían salido ilegalmente del país. Ellos no pudieron demostrar lo contrario, puesto que habían destruido sus pasaportes en la esperanza de que las dudas sobre su nacionalidad les permitieran quedarse en España.

Extorsión

En cuanto al dinero que les exigieron por su liberación, les dijeron que se trataba del importe del billete de avión desde España hasta Lagos que, como es sabido, corrió a cargo de los contribuyentes españoles. 'En ningún caso se trató del pago de multas, pues en ese caso las autoridades habrían expedido los recibos correspondientes', afirma MSF. 'El temor a hablar sobre lo que sucedió hace difícil contrastar datos, pero al parecer las cantidades a pagar oscilaron bastante en función de los contactos que cada inmigrante tuviera en la policía o de su capacidad para negociar'.

El informe contradice las declaraciones efectuadas a EL PAÍS por el embajador de Nigeria en España, Samuel Otuyelu, el mes pasado. 'No puede ser verdad que los secuestren. Cuando llegan [a Lagos] son libres. ¿Dónde iban a encontrar 500 dólares [cerca de 100.000 pesetas], como se ha dicho?', manifestó. Este periódico intentó ponerse nuevamente en contacto con el embajador para cotejar el contenido del informe de MSF, sin resultado.

El Ministerio del Interior repatrió este año a 117 nigerianos, 68 de ellos procedentes del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y 49 que estaban internados en la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura.

El informe de MSF adjunta una lista de visitas realizadas, fuentes contactadas y documentación empleada en su elaboración. En un anexo titulado 'Fundamentación Jurídica' señala que 'la política de expulsiones de ciudadanos nigerianos emprendida por el Gobierno español podría estar vulnerando el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y el artículo 3 del Convenio Europeo de derechos Humanos. El sistemático ingreso de los expulsados en el centro de detención Alagbon Close de Lagos y el pago de fuertes multas para su puesta en libertad puede considerarse como trato inhumano o degradante en los términos expuestos en los artículos de los referidos tratados internacionales suscritos por España. No vale escudarse en el hecho de que Nigeria como Estado soberano es el único responsable de lo que ocurra con sus nacionales dentro de sus fronteras, dado que la protección de los derechos humanos debe tener un carácter transnacional e imponerse con garantías como condición sine qua non en la firma de cualquier convenio internacional'. Nigeria no figura entre los países firmantes del Convenio contra la Tortura. Además, es el segundo país más corrupto del planeta, según Transparency International.

MSF ha remitido su informe al Gobierno y a los partidos políticos parlamentarios para que aclaren los términos del acuerdo de inmigración negociado entre España y Nigeria y expliquen si contempla algún instrumento efectivo de protección de los derechos humanos de los deportados.