El Gobierno se opone a ampliar la autonomía vasca

El Gobierno central rechaza la reclamación del traspaso en bloque de 37 competencias que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, le planteó en su debate de investidura para culminar el Estatuto de Gernika. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, argumenta: 'La existencia de competencias aún no traspasadas [al Ejecutivo vasco] se debe a la falta de acuerdo en asuntos que afectarían al principio de igualdad entre los ciudadanos españoles'. Posada dice que el País Vasco 'disfruta de un altísimo techo competencial'. No obstante, 'está dispuesto a reabrir el diálogo con el Gobierno vasco'.

Las 37 reclamaciones del Ejecutivo autonómico, actualizadas, están basadas en un informe aprobado unánimemente por el Parlamento vasco el 1 de julio de 1993, aunque abierto a interpretaciones en sus aspectos más polémicos, como la Seguridad Social. El informe advierte de las consecuencias sociales, jurídicas, económicas y políticas que conlleva 'el retraso de las previsiones estatutarias' al 'alimentar planteamientos deslegitimadores de la vía estatutaria que inciden en la normalización' vasca.

El Ejecutivo rechaza las 37 reclamaciones que Ibarretxe planteó en su discurso de investidura

Otro informe de la Secretaría de Estado de Organización Territorial replica: 'La mayoría [de las reclamaciones competenciales] no son susceptibles de traspaso, puesto que corresponden en su integridad al Estado; otras no precisan de ningún traspaso para su ejercicio efectivo. En algunos casos existen pronunciamientos expresos del Tribunal Constitucional contrarios a las pretensiones del Gobierno vasco'.

El contencioso sobre las 37 competencias pendientes de traspasar de la Administración central a la vasca abarca cuatro bloques básicos de materias: trabajo y Seguridad Social, supervisión de las entidades de crédito, investigación científica y técnica y prisiones, además de materias menores que afectan a infraestructuras, agricultura y pesca.

- Trabajo y Seguridad Social. Es la reclamación más importante. Los artículos 18.2.a y 18.4 del Estatuto conceden al Gobierno vasco, con carácter general, el desarrollo legislativo, la ejecución y la gestión de las distintas prestaciones de la Seguridad Social. La disposición transitoria quinta del Estatuto precisa la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en la suscripción de convenios.

En la diferente interpretación de la fórmula de los convenios radica la diferencia principal entre las Administraciones vasca y central. El PNV y Eusko Alkartasuna (EA), gobernantes en Euskadi, han interpretado e interpretan la fórmula de convenios con la metodología del Concierto Económico.

El Gobierno central la rechaza porque 'se pone en peligro el principio de igualdad de todos los españoles, la unidad del sistema de la Seguridad Social y el principio de caja única cuando la Seguridad Social es el instrumento que garantiza la igualdad de todos los españoles', según un informe de la Secretaría de Estado de Organización Territorial, que se ampara en sentencias del Tribunal Constitucional.

El rechazo de esta reclamación del Gobierno vasco condiciona todo el bloque de trabajo, de modo que tampoco ha asumido las políticas activas de empleo, que sí las tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Así, el Gobierno vasco reclama la recaudación de la cuota vasca de formación del Inem, que cotizan los trabajadores en sus nóminas. Para ello se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1989 que separa los recursos de la Seguridad Social de los del Inem y del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial).

El criterio del Gobierno central es el opuesto: 'El traspaso está bloqueado porque, a diferencia de las demás comunidades, [el Gobierno vasco] pide además la titularidad de las cotizaciones sociales de empleo y formación, lo cual afectaría al régimen económico de la Seguridad Social', señala el informe de la Secretaría de Estado.

- Instituciones económicas y financieras. El Gobierno vasco reclama la ordenación del crédito y la banca, los seguros y la regulación del mercado de valores, y se ampara en el artículo 11.2.a) del Estatuto. En un momento determinado concretó su reclamación en la creación de un banco público vasco. Hoy reivindica la supervisión de la banca y lamenta que las leyes de bases -Ley de Ordenación de los Seguros Privados, la del Mercado de Valores y las normas del Ministerio de Economía- hayan 'desfigurado por completo las competencias del artículo 11.2.a) que el Estatuto otorga al Gobierno vasco'.

La Secretaría de Estado de Organización Territorial rechaza la interpretación del Gobierno vasco con el argumento de que 'la reclamación de la capacidad de supervisión es sobre entidades de ámbito nacional sobre las que carece de competencia'.

- Investigación científica y técnica. El Gobierno vasco reclama las funciones de investigación científica y técnica que en la actualidad desarrolla la Administración central a través de una serie de entidades y organismos de naturaleza pública y privada.

La Secretaría de Estado de Organización Territorial replica que las competencias de investigación sectoriales ya están traspasadas al Gobierno vasco y añade que 'ya no existen reclamaciones concretas en esta materia'.

- Centros penitenciarios. El Gobierno vasco reclama su organización y funcionamiento. También defiende la promoción del concepto de territorialidad, 'garantizando la cercanía del preso a su entorno familiar y social como principio reconocido en el ordenamiento penitenciario'.

La Secretaría de Estado de Organización Territorial recuerda que el Gobierno vasco no ha reclamado históricamente esta competencia. 'No habría problemas teóricos para traspasar esta competencia, que ya la tiene Cataluña. Pero otra cosa es la práctica', señala la secretaría, en referencia al recelo de que el Gobierno vasco trate de influir en la política penitenciaria que afecta a los presos de ETA. En este sentido, el ex ministro del Interior Jaime Mayor se opuso rotundamente a este traspaso en unas declaraciones del pasado domingo.