Negocios y paranoia

EN CUBA, LA PARANOIA y los negocios andan de la mano. Pedir un dato preciso sobre una inversión mixta, más aún si el trato está por cerrarse y su volumen es cuantioso, no sólo está mal visto, sino que hasta puede convertirte en sospechoso.

Esta enfermedad de secretismo no afecta sólo al que pregunta, sino también a la autoridad y al capitalista extranjero que es requerido; cualquiera puede sentir que sus palabras son un regalo para el 'espionaje enemigo'. En este ambiente enrarecido, se desarrolla en Cuba desde hace años el proceso de apertura al capital extranjero.

La aprobación de la ley Helms-Burton, en 1996, vino a incrementar las sospechas y a hacer que cada duro invertido en la mayor de las Antillas adquiriese categoría de secreto de Estado. Para los periodistas acreditados en Cuba, informar con datos fidedignos de una noticia cualquiera, como es la reciente entrada en la isla de los importantes grupos españoles Telefónica y Repsol, supone un ejercicio de paciencia y persecución digno de James Bond.

Algunos pudiesen pensar que la cancelación por el Gobierno de George W. Bush de la aplicación del título III de la ley Helms-Burton -que permite demandar ante tribunales de EE UU a las empresas extranjeras que negocien con propiedades confiscadas a norteamericanos tras la llegada al poder de Fidel Castro, en 1959-, algo que ya había hecho su antecesor, Bill Clinton, contribuiría a relajar un poco el ambiente. Nada más lejos de la realidad.

El daño provocado por la ley Helms-Burton y sus efectos colaterales en términos de paranoia es independiente, coinciden abogados extranjeros y autoridades cubanas, de la aplicación o no del famoso título III. El principal efecto negativo de la ley norteamericana es desincentivar las nuevas inversiones, no que abandonen la isla las compañías extranjeras ya establecidas. Por eso, a las autoridades cubanas les ha traído un poco al fresco la decisión de Bush de posponer por seis meses más la aplicación del título III.

'Nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora', declaró a este diario la ministra cubana de Inversiones Extranjeras, Marta Lomas. Lomas aseguró que buena parte de las 404 empresas mixtas que funcionan en la isla fueron constituidas después de la aprobación de la ley Helms. De ellas, casi el 20% son españolas, y el 51%, europeas, mientras que el capital total comprometido supera escasamente los 5.000 millones de dólares. Todos estos datos son oficiales; han pasado puntualmente el filtro de la paranoia.