El Congreso niega a Garzón los papeles sobre el fraude del lino

Fuentes próximas a la Presidencia del Congreso señalaron ayer a este periódico que en la Mesa "tan sólo se había producido una discusión de pura técnica jurídica". "Entendimos que, según marca la ley, sólo podíamos remitir la documentación a la Fiscalía. Y así lo vamos a hacer". Por otra parte, también se negó al juez Baltasar Garzón la declaración patrimonial de los altos cargos supuestamente implicados en el caso. "Hemos desviado esa petición al Gobierno, que es el depositario de esa información", señalaron las mismas fuentes.

Francisco Camps, diputado del PP y vicepresidente primero de la Cámara, asegura que "al final, el juez tendrá toda la documentación, aunque sea a través de la Fiscalía". Camps justificó el rechazo del PP y CiU a entregar directamente la documentación a Garzón a que el conducto "habitual" es a través de la Fiscalía y que existían "abundantes precedentes de ello". "El artículo 76 de la Constitución y el reglamento de la cámara detallan que la documentación ha de ser entregada a la Fiscalía", remachó Camps.

La versión de Camps fue rebatida ayer por los grupos parlamentarios de IU y PSOE. El PP usó una "trampa legal", según denuncia la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega, al aceptar que se entregara la documentación, pero no al juez que la solicitaba, sino al fiscal. Tal vía se justificó, según dicha diputada, en que el Reglamento establece que "si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la comisión lo notificará así a la Cámara del Congreso para que ésta, en su caso, a través de la presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del ministerio fiscal".

De la Vega desbarata este argumento: "No es el Congreso el que ha deducido que existen indicios delictivos en el curso de una comisión de investigación parlamentaria, sino que se trata de una petición de un juez que instruye una causa penal sobre el lino el que nos pide la documentación existente. El Congreso no puede negarla".

El informe de los servicios jurídicos del Parlamento, entregado 24 horas antes de que la Mesa del Congreso tratase la petición de Garzón, señalaba como primera conclusión que había que colaborar con el "órgano jurisdiccional solicitante" pese a "la especial relación entre las comisiones de investigación y el ministerio fiscal". Después, los letrados reconocían que la documentación solicitada por Garzón "podría ser remitida directamente al Tribunal Supremo" en el ejercicio de dicha colaboración. En ese punto, consideraban que de la información pedida por el juez, había una parte, la relacionada con la declaración de patrimonio de altos cargos, que también podría ser examinada directamente por Garzón, según le faculta la Ley 12/1995 de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Tras estas apreciaciones, que parecían despejar cualquier obstáculo para la entrega directa al juez Baltasar Garzón de la documentación solicitada, el informe jurídico señala una segunda posibilidad: "No obstante, atendiendo a la práctica parlamentaria precedente, y toda vez que ante una petición previa del ministerio fiscal ya se dio traslado a éste de otros documentos relativos a esta comisión de investigación, cabría también dar traslado de la citada documentación al Ministerio Fiscal con carácter complementario al anterior, comunicándoselo al Tribunal Supremo".